El uniformado rechaza las acusaciones por las llamadas realizadas desde Cantumarca, sostiene que su intervención se limitó a una audiencia virtual y cuestiona el trato recibido de sus superiores.
Un policía investigado por las presuntas facilidades que permitieron al exfiscal general Roger Mariaca comunicarse desde el penal de Cantumarca, en Potosí, negó haber actuado para favorecerlo y calificó de injusta la acusación en su contra. El efectivo sostiene que únicamente facilitó la conexión del detenido para participar en una audiencia virtual.
“Es totalmente muy injusta la acusación que se me hace”, manifestó el uniformado, quien también expresó sentirse desprotegido frente al proceso y cuestionó la actuación de sus superiores jerárquicos.
La denuncia del policía surge después de que se conociera que Mariaca habría realizado llamadas telefónicas desde su lugar de reclusión, utilizando dispositivos que presuntamente le facilitaron funcionarios policiales encargados de la custodia y otras tareas dentro del recinto penitenciario.
ACUSA AL COMANDANTE DE AFECTAR SU DIGNIDAD
El efectivo también apuntó contra sus superiores, incluido el comandante departamental de la Policía de Potosí, coronel Franklin Roger Villazón, a quien responsabilizó de señalarlo directamente como autor de los hechos investigados.
“El comandante departamental ha mellado en mi dignidad”, afirmó durante sus declaraciones, en las que insistió en que no cometió las irregularidades que se le atribuyen. El policía cuestionó que se lo responsabilice por las llamadas y rechazó que existan elementos que justifiquen la acusación, según el reporte difundido por Unitel.
DOS POLICÍAS FUERON ENVIADOS A PRISIÓN
El caso se conoció después de que personal de inteligencia detectara llamadas que presuntamente salían desde la celda de Mariaca. Una primera requisa no permitió encontrar el teléfono, pero las pesquisas posteriores apuntaron a funcionarios que tenían acceso al exfiscal.
La investigación alcanzó a cinco policías. En la audiencia cautelar del 25 de octubre, un juez dispuso cuatro meses de detención preventiva para dos de ellos, identificados como Josué G. M. y Noé G. F., quienes fueron trasladados al penal de Uyuni. Los otros tres recibieron detención domiciliaria con custodia policial.
La Fiscalía busca establecer quiénes facilitaron o permitieron el uso de teléfonos dentro del recinto y con quiénes se comunicó Mariaca. También indaga si las llamadas estaban relacionadas con una posible fuga u otras actividades ilícitas, hipótesis que todavía deben ser esclarecidas.
El policía que cuestionó la acusación sostiene que su intervención estuvo relacionada con una audiencia virtual y denuncia que sus superiores lo responsabilizan injustamente. La decisión judicial sobre su situación cautelar no determina por sí sola su culpabilidad penal.
