La institución admitió la existencia de unidades de tránsito ilegales usadas para extorsionar, sin explicar responsabilidades ni medidas contra los implicados.
La Policía Boliviana reconoció explícitamente, mediante un comunicado que estaba al tanto de la presencia de comisarías de tránsito que operaban sin autorización, utilizadas por algunos efectivos para extorsionar a la ciudadanía. La admisión confirma que la institución permitió durante años que estas oficinas funcionaran al margen de la ley.
Originalmente, la Policía anunció el cierre de todas las comisarías de tránsito en el país. Posteriormente, rectificó su decisión y precisó que únicamente serían clausuradas las unidades irregulares o vinculadas a prácticas de extorsión, mientras las comisarías oficiales continúan operando con normalidad.
El Comando General, mediante el Memorándum Circular Nro. 82, ordenó que las divisiones de tránsito dependan exclusivamente de las direcciones departamentales y elimina cualquier operación autónoma o no autorizada. Según la institución, la medida busca reforzar la transparencia y eliminar oficinas que funcionaban sin respaldo legal.
En el comunicado oficial, la Policía indica que ningún efectivo está autorizado a cobrar coimas a ciudadanos ni entre compañeros de la institución. Sin embargo, no se detalla si los responsables de las comisarías ilegales eran oficiales, suboficiales o personas externas, ni si se iniciarán procesos administrativos o judiciales en su contra. Esta falta de información genera cuestionamientos sobre la efectividad real de la supervisión institucional.
