TSE advierte que intentar hacer simultáneamente comicios regionales y selección de magistrados del TCP y TSJ vulnera plazos, transparencia y eficiencia, generando riesgos políticos y económicos para el Estado.
La coincidencia entre elecciones subnacionales y la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Bolivia es, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), imposible de concretar. Los plazos exigidos por la ley, la complejidad del proceso de selección de candidatos y los riesgos de “contaminación” electoral hacen inviable cualquier intento de simultaneidad.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, detalló que la preselección de candidatos para cargos judiciales, responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), requiere meses de trabajo meticuloso. “Si la Asamblea emite la convocatoria ahora, tendrá diciembre, enero, febrero y marzo para elegir postulantes. Tres o cuatro meses son indispensables. Mientras tanto, la elección subnacional concluirá el 22 de marzo. Por lo tanto, no se pueden empalmar ambos procesos”, afirmó.
Tahuichi remarcó que los comicios judiciales deben ser exclusivos. “La ley establece que no se pueden realizar elecciones paralelas. La elección de magistrados debe ser independiente para garantizar transparencia y legalidad. Mezclar procesos debilita el sistema y confunde a la ciudadanía”, subrayó. La Ley 026 del Régimen Electoral y la Constitución Política del Estado prohíben expresamente la superposición de procesos electorales distintos.
Además del factor legal, el costo de organizar elecciones judiciales representa un obstáculo. Cada proceso parcial tiene un costo aproximado de 200 millones de bolivianos. Bolivia ya realizó elecciones judiciales parciales en diciembre de 2024. Repetir un proceso de estas características generaría un gasto elevado sin garantizar eficiencia ni cumplimiento de plazos.
Actualmente, hay vacantes en el TCP de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija, y en el TSJ de Beni y Pando. Para resolver este desajuste, Tahuichi propuso cambios a la Ley 025 y a la Ley 027, reduciendo el número de magistrados de nueve a siete en ambos tribunales. Esta medida permitiría que los vocales actuales del TSJ continúen en funciones, mientras los tres suplentes más votados del TCP en 2017 asuman como titulares, evitando desfases de mandato y nuevos costos electorales.
“Con esta modificación legal, no serían necesarias nuevas elecciones. Solo se ajusta el número de magistrados y se habilita a los suplentes más votados de 2017 para completar el TCP. Esto asegura regularidad y ahorra recursos al Estado”, explicó Tahuichi.
La urgencia de este planteamiento se evidenció la semana pasada, cuando cinco magistrados prorrogados del TCP presentaron su renuncia, y una sala constitucional en Potosí ordenó su cese inmediato. Este escenario deja claro que cualquier intento de combinar ambos procesos pondría en riesgo la organización y la legalidad del sistema electoral.