La restitución de Biblia y Crucifijo durante juramentos parlamentarios provocó cuestionamientos constitucionales, evidenciando la primera violación a la laicidad del Estado en la apertura de la nueva legislatura.
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La apertura oficial de la legislatura 2025-2030 en la Cámara de Diputados estuvo marcada por un hecho que ya generó amplio debate: la restitución de la Biblia y el Crucifijo durante el acto de juramento de los legisladores. La medida, aprobada por más de dos tercios de los parlamentarios, ha sido interpretada por expertos y opositores como la primera violación a la Constitución Política del Estado (CPE) en esta nueva gestión, debido al carácter laico que define al Estado boliviano.
El presidente de la Comisión Ad-Hoc, José Maldonado, miembro de la bancada Alianza Libre, defendió la decisión señalando que no busca imponer la religión, sino permitir que cada legislador pueda expresar su fe de manera voluntaria. “Estamos reconociendo una tradición histórica que muchos bolivianos valoran. No obligamos a nadie, sino que devolvemos un símbolo que conecta a la política con principios éticos y morales”, afirmó.
Desde la directiva, Alejandro Reyes, secretario de la Ad-Hoc, enfatizó que la restitución de los símbolos religiosos representa “un cambio de paradigma” en la manera de ejercer la política. “Hemos vivido décadas en las que los valores éticos y la espiritualidad quedaron relegados. Esta acción pretende abrir un espacio donde la política recupere una guía moral que complemente la legislación”, aseguró.
A pesar de la interpretación de los legisladores oficialistas, la medida ha sido cuestionada por sectores políticos y constitucionalistas. El artículo 4 de la CPE establece que Bolivia es un Estado laico y garantiza la libertad de religión y creencias, evitando cualquier preferencia o imposición de un credo en el ámbito estatal. Para varios juristas, la reincorporación de símbolos religiosos en actos oficiales constituye una vulneración directa a este principio.
La diputada de la oposición María Fernanda Soto calificó la decisión como un “precedente problemático” que compromete la neutralidad del Estado. “La Constitución protege la diversidad de creencias. Institucionalizar símbolos religiosos en el juramento de diputados contradice el espíritu del Estado laico y abre la puerta a futuras transgresiones”, afirmó.
El abogado constitucionalista Hernán Valverde explicó que la libertad de religión se ejerce de manera individual y no debe convertirse en un acto institucional. “Permitir que los símbolos religiosos ocupen un espacio oficial puede interpretarse como una primera infracción formal a la Constitución de esta legislatura. Es un acto simbólico, pero con implicaciones legales claras”, sostuvo.
Entre la ciudadanía, la decisión provocó opiniones divididas. Algunos sectores celebran la restitución como un acto de reafirmación de valores culturales y morales, mientras que otros la consideran un retroceso institucional que vulnera principios fundamentales. Organizaciones defensoras de la laicidad expresaron su preocupación y anunciaron que darán seguimiento a la legalidad de la medida.
Maldonado reiteró que la restitución no implica obligatoriedad y que cada legislador podrá jurar conforme a su propia creencia. “El Estado sigue siendo laico; lo que hemos hecho es permitir que aquellos que deseen utilizar los símbolos puedan hacerlo. La votación fue democrática y refleja la voluntad de la mayoría”, agregó.
Reyes, por su parte, sostuvo que la acción busca fortalecer la dimensión ética de la política. “No se trata de imponer una religión, sino de recordar que la política requiere principios morales y valores que guíen la toma de decisiones. La fe es una referencia, no una obligación”, puntualizó.
El episodio deja en evidencia que la tensión entre la fe, la política y la Constitución será un tema central durante este periodo legislativo. La primera sesión no solo marcó el inicio formal de la legislatura, sino también el primer conflicto constitucional, al desafiar directamente la neutralidad religiosa que protege la CPE.
Analistas políticos coinciden en que este acto puede generar debates futuros sobre el respeto a la laicidad en otros ámbitos institucionales y sobre cómo conciliar la libertad de creencias con la obligación de los legisladores de cumplir y hacer cumplir la Constitución.