La propuesta legislativa para legalizar los vehículos que ingresaron de contrabando provocó una crisis de seguridad en la frontera norte, donde las bandas delictivas aceleraron los asaltos.

El anuncio de una amnistía vehicular en la Asamblea Legislativa generó un impacto inmediato al otro lado de la frontera. El crimen organizado incrementó las sustracciones de motorizados para aprovechar la futura ventana de regularización en el país.

El diputado chileno Sebastián Videla constató la afectación en su territorio debido a las expectativas creadas por la norma. “Aumento robo vehículos tras anuncio nacionalización (…) anuncio de nacionalizar chutos descontroló frontera”, denunció el legislador, criticando la búsqueda de simpatía política mediante el fomento al delito: “No se puede ser popular incentivando el r0b0”.

La falta de atención del Gobierno boliviano forzó la búsqueda de una cita directa con el presidente Rodrigo Paz, tras caerse las reuniones previas acordadas con su entorno técnico. Videla advirtió que la inacción derivará en una demanda en el exterior. “Acudiré a instancias internacionales contra Bolivia (…) Si Bolivia no quiere escucharnos, nos escuchará vía internacional”, recalcó el parlamentario.

El Congreso chileno emitirá una protesta formal dirigida al Ejecutivo boliviano ante el beneficio que esta ley otorga a las redes criminales. “Esperamos que en 48 horas reaccione el presidente de Bolivia (…) ¿Tiene miedo? ¿Qué se hace contra banda de d3lincu0ntes?”, interpeló el diputado antes de ingresar a territorio nacional para exigir el freno definitivo a la iniciativa legal.