La investigación fiscal detecta inconsistencias patrimoniales, trámites acelerados y beneficios irregulares en la compra del predio Adán y Eva por el hijo del expresidente Luis Arce.
La indagación sobre el predio Adán y Eva continúa revelando detalles que comprometen aún más a Rafael Ernesto Arce Mosqueira. Para la Fiscalía, la evidencia ya no solo se acumula: se vuelve determinante para sostener que hubo movimientos de dinero incompatibles con los ingresos que el joven reportaba, así como una estructura estatal que trabajó para que una compra millonaria se concretara sin justificación legal.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que tras años de rastreo financiero se descubrió una evolución patrimonial que rompe todas las proporciones. Hasta 2016, los ingresos del acusado apenas llegaban a mil bolivianos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los depósitos en sus cuentas bancarias crecieron de manera exponencial hasta llegar a montos superiores a los tres millones de bolivianos, e incluso alcanzar cuatro millones. El Ministerio Público considera que ese salto económico no puede ser explicado con actividades lícitas declaradas.
El detonante de la investigación fue la adquisición del predio Adán y Eva, una propiedad de 2.807 hectáreas ubicada en el departamento de Santa Cruz, que pertenecía a Ricardo Moreno Velasco y Ana María Vanegas. La transacción, fechada el 11 de noviembre de 2021, establece un pago de 3.055.485 dólares, un monto que para los investigadores resulta inalcanzable para una persona sin solvencia verificable y con menos de 25 años de edad. Esa disparidad entre ingresos y patrimonio es una de las piezas centrales del caso.
El Ministerio Público también cuestiona el proceso administrativo que permitió la transferencia. La documentación requerida para la aprobación del negocio inmobiliario presentó observaciones iniciales, especialmente relacionadas con la ausencia de un plan de uso de suelo, requisito indispensable para determinar si la tierra se destinaría a cultivos, desmontes u otras actividades productivas. Pese a la falta de información técnica, los permisos fueron finalmente aprobados en lo que los fiscales califican como tiempo récord.
Este hecho llevó a identificar un posible favorecimiento institucional por parte de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). El entonces director departamental en Santa Cruz, Luis Roberto Flores Orellana, es señalado por haber omitido procedimientos y desbloqueado trámites que en cualquier otro caso habrían demorado meses. Para la Fiscalía, no se trata de un error aislado, sino de una acción deliberada para facilitar una compra que a todas luces no cumplía los estándares legales mínimos.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ya confirmó la imputación formal contra Arce Mosqueira por el delito de enriquecimiento de particulares con afectación al Estado. El Ministerio Público también incluye en el proceso a otras personas presuntamente implicadas en la operación. El pedido de seis meses de detención preventiva busca asegurar el desarrollo de la investigación y evitar cualquier riesgo de fuga o manipulación de pruebas que obstaculice el proceso penal.
Hasta el momento, la causa reúne 133 elementos de convicción, que incluyen movimientos financieros, certificaciones institucionales, registros notariales y documentos bancarios. Cada uno respalda la hipótesis de un esquema que habría permitido la circulación de dinero cuyo origen permanece oculto, favoreciendo una compra que vulneró normas y procedimientos estatales.