La Fiscalía cuestionó la decisión del juez de imponer solo 90 días de detención preventiva, argumentando que no se valoraron correctamente todos los elementos probatorios.
El sargento Cristian P. fue cautelado por la justicia que determinó la detención preventiva por 90 días del Sargento Segundo Cristian P., acusado de someter a violencia física y psicológica a soldados del Regimiento de Infantería 29 «Capitán Echeverría», en la comunidad de Casarabe, Beni. La medida será cumplida en el penal Mocoví de Trinidad.
El fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, explicó que durante la audiencia de medidas cautelares se presentaron pruebas suficientes que señalan al sargento como presunto autor de las agresiones.
No obstante, la Fiscalía cuestionó la decisión del juez de imponer solo 90 días de detención preventiva, argumentando que no se valoraron correctamente todos los elementos probatorios.
Balderas indicó que el juez solo acreditó el delito de lesiones, sin considerar los de vejaciones y torturas, por lo que el Ministerio Público apeló la decisión.
Según el testimonio de los soldados afectados, el sargento los sometía constantemente a abusos físicos y psicológicos, además de exigirles dinero para permitirles salir de «franco». La situación se agravó cuando, según sus declaraciones, fueron víctimas de torturas y extorsiones dentro del recinto militar.
El viernes pasado, un grupo de padres de los conscriptos presentó una denuncia formal contra el militar.
«Pudimos evidenciar y podemos dar fe de que habían sufrido torturas en varias ocasiones. Se denotan marcas de golpes en el cuerpo de nuestros hijos», señala la denuncia, presentada ante el regimiento militar y el Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo exigió una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables. Además, informó que durante la gestión 2024 ha tomado conocimiento de al menos 45 casos de vulneración de derechos humanos dentro de recintos militares.
Cronología de los Hechos
• 4 de febrero de 2025: De acuerdo con la investigación fiscal, durante la noche, el Sargento Segundo Cristian P. ordenó a un soldado traer un palo de tacuara, con el que posteriormente lo golpeó y lo obligó a desnudarse. Luego utilizó un cable para continuar con la agresión, causando graves lesiones. Según el testimonio de las víctimas, tras la golpiza, algunos soldados fueron arrojados a un pozo y otros lograron escapar hacia el monte.
• 5 de febrero de 2025: En el transcurso del día, varios soldados lograron regresar a sus hogares. Uno de ellos llegó a su casa pasada la medianoche, en estado de shock y con signos evidentes de violencia física.
• 10 de febrero de 2025: Un grupo de padres de los conscriptos presentó una denuncia formal contra el sargento ante las autoridades del regimiento y el Ministerio Público. Aseguraron que sus hijos habían sido golpeados y extorsionados por el militar, quien le exigía dinero a cambio de permitirles salir de franco.
• 12 de febrero de 2025: La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado exigiendo una investigación rigurosa y sanciones para los responsables. Asimismo, reportó que, de las ocho víctimas, solo cinco fueron valoradas por el médico forense, mientras que dos conscriptos menores de edad aún no recibían atención especializada.
• 19 de febrero de 2025: La Fiscalía Departamental de Beni, a través del Fiscal de Materia Yery Yelsin Mamani, formalizó una investigación en contra del Sargento Segundo Cristian P., acusándolo de los delitos de Vejaciones y Torturas, Lesiones Graves y Leves y Coacción.
• 23 de febrero de 2025: Durante la audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó la detención preventiva del acusado por un plazo de 90 días en el penal de Mocoví de Trinidad. No obstante, el Fiscal Departamental de Beni, Gerardo Balderas, cuestionó la decisión del juez, argumentando que solo se había considerado el delito de lesiones y no así los de vejaciones y torturas. Por este motivo, el Ministerio Público anunció una apelación.