Washington confirmó una acción militar directa en territorio venezolano, informó la captura del presidente Nicolás Maduro y emitió acusaciones sin pruebas, mientras Caracas denunció una agresión armada y violaciones al derecho internacional.

Durante la madrugada del viernes 3 de enero, Venezuela fue escenario de un ataque militar que modificó de manera abrupta el escenario político y de seguridad regional. Explosiones registradas en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira marcaron el inicio de una ofensiva aérea que, horas más tarde, fue reconocida oficialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un mensaje público, el mandatario aseguró que la operación incluyó la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, y su traslado fuera del país.

La confirmación desde Washington otorgó carácter oficial a una serie de reportes que inicialmente circularon entre la población venezolana a través de testimonios directos y registros audiovisuales difundidos en redes sociales. Vecinos de distintos sectores de Caracas relataron detonaciones de gran magnitud, interrupciones del suministro eléctrico y el sobrevuelo persistente de helicópteros y aeronaves militares durante varias horas. Las autoridades locales activaron protocolos de emergencia ante lo que describieron como una situación de agresión externa.

Trump comunicó los hechos mediante su plataforma Truth Social, donde afirmó que la acción fue “exitosa” y que se ejecutó en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses. El presidente estadounidense sostuvo que la operación respondía a una supuesta lucha contra estructuras criminales, aunque no presentó documentación, órdenes judiciales internacionales ni resoluciones de organismos multilaterales que respalden esas afirmaciones.

El Gobierno venezolano reaccionó de forma inmediata. A través de un comunicado oficial, calificó los bombardeos como una “agresión militar de extrema gravedad” y denunció que Estados Unidos violó principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular aquellos que consagran la soberanía de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. El texto oficial advirtió que la ofensiva no solo afecta a Venezuela, sino que constituye una amenaza directa a la paz regional.

En ese contexto, el Ejecutivo venezolano decretó el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. Según la comunicación oficial, la medida busca proteger a la población civil, garantizar el funcionamiento de las instituciones y organizar la respuesta del Estado frente a la acción armada extranjera. Las autoridades llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y a preservar la calma.

La situación generó un despliegue inmediato de fuerzas de seguridad internas, resguardo de instalaciones estratégicas y suspensión temporal de actividades en zonas afectadas por los bombardeos. Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno no había difundido cifras oficiales sobre víctimas o daños materiales, indicando que la evaluación continúa en coordinación con organismos de emergencia.

En paralelo, Caracas anunció que elevará denuncias formales ante instancias internacionales, entre ellas el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de Países No Alineados. El objetivo declarado es exigir una condena internacional a la acción militar estadounidense y la apertura de mecanismos de rendición de cuentas.

Las declaraciones de Trump se produjeron en un contexto de presión sostenida contra Venezuela. Desde agosto del año pasado, Estados Unidos incrementó su presencia militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Ese despliegue fue seguido por maniobras navales y aéreas de gran escala, que Caracas interpretó como una estrategia de cerco progresivo.

El 16 de diciembre, Trump anunció un bloqueo total a los buques que transporten petróleo venezolano, afirmando que ese país había “robado” activos estadounidenses. El Gobierno venezolano rechazó esas acusaciones y recordó que sus recursos energéticos se encuentran en territorio soberano y están amparados por el derecho internacional. Ninguna instancia judicial internacional ha respaldado la versión expuesta por Washington.

Uno de los antecedentes más citados por Caracas fue la incautación de un buque tanquero que transportaba crudo venezolano en aguas cercanas a sus costas. La carga fue confiscada por fuerzas estadounidenses y retenida bajo custodia militar. Venezuela denunció el hecho como un acto de piratería internacional y presentó el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, solicitando medidas para proteger su derecho al comercio legítimo.

Tras los bombardeos, el Gobierno venezolano reiteró que, a su juicio, el objetivo central de la ofensiva es el control de recursos estratégicos, en particular petróleo y minerales. En comunicados oficiales, las autoridades sostuvieron que la narrativa sobre narcotráfico ha sido utilizada como justificación para una intervención armada destinada a forzar un cambio de gobierno.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó las declaraciones de Trump como una amenaza grave y temeraria contra la República Bolivariana de Venezuela. Señaló que las expresiones del mandatario estadounidense, al reclamar como propios recursos ubicados en territorio venezolano, evidencian una pretensión de carácter colonial. Según el Gobierno, estas afirmaciones confirman una estrategia basada en presión económica, bloqueo y finalmente uso directo de la fuerza.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que la escalada militar estadounidense tiene consecuencias más allá del ámbito bilateral. Indicó que una intervención armada en un país con amplias reservas energéticas introduce riesgos adicionales para la estabilidad del mercado energético internacional y eleva la tensión geopolítica en la región.

Mientras tanto, la población venezolana enfrenta un escenario de incertidumbre. En distintas ciudades se observaron concentraciones espontáneas, operativos de seguridad y llamados oficiales a evitar la difusión de información no confirmada. Instituciones públicas y servicios esenciales continuaron operando bajo medidas especiales de resguardo.

En el plano internacional, varios gobiernos y organismos expresaron preocupación por los acontecimientos y solicitaron información detallada sobre la situación. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque se prevé la convocatoria de una sesión de emergencia para analizar la legalidad y las implicaciones del ataque.

El reconocimiento público por parte de Trump de la captura de un presidente en ejercicio mediante una operación militar directa representa un hecho de alto impacto en el derecho internacional contemporáneo. La situación coloca a la región ante un escenario de máxima tensión diplomática y militar, cuyos efectos aún están en desarrollo.

Las autoridades venezolanas reiteraron que ejercerán los mecanismos de defensa previstos por el derecho internacional y su Constitución, al tiempo que insistieron en la búsqueda de respaldo diplomático. La evolución de los acontecimientos dependerá de las decisiones que adopten los organismos multilaterales y de las respuestas que se articulen en el ámbito internacional.