La propuesta de coparticipación tributaria impulsada por el Ejecutivo terminó dividiendo a las regiones. Mientras seis gobernaciones la consideran insuficiente, La Paz y Beni defienden el acuerdo como un primer paso.

La propuesta del Gobierno nacional de asignar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones abrió una de las mayores diferencias entre las autoridades departamentales desde que comenzó a discutirse la aplicación de la agenda 50/50. Lo que el Ejecutivo presentó como un avance para incorporar a los departamentos en la distribución de recursos nacionales fue recibido por seis gobernaciones como una medida insuficiente, alejada de los compromisos que esperaban alcanzar. Según el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, son seis las administraciones departamentales que rechazan la oferta y exigen una redistribución más amplia de los ingresos tributarios.
GOBERNACIONES ELEVAN LA PRESIÓN
La posición más crítica fue expresada desde Santa Cruz. Velasco sostuvo que no existe ningún acuerdo definitivo y negó que las gobernaciones hayan cerrado el tema con el Gobierno. “No hay absolutamente nada firmado”, afirmó al ratificar su desacuerdo con el porcentaje planteado por el Ejecutivo.
El gobernador cruceño aseguró que, además de Santa Cruz, también mantienen observaciones Tarija, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca, además de una sexta gobernación que comparte la misma postura. La propuesta que defienden estos departamentos pasa por iniciar la coparticipación con un 5% desde 2027 y avanzar gradualmente hasta alcanzar el 15%.
Velasco argumentó que la oferta gubernamental representa menos de Bs 600 millones para distribuir entre las nueve gobernaciones y estimó que Santa Cruz recibiría alrededor de Bs 154 millones anuales, una cifra que considera insuficiente para cubrir las responsabilidades que tienen los gobiernos departamentales.
“Es nuestro dinero, no estamos pidiendo limosna”, declaró la autoridad departamental al defender una mayor transferencia de recursos hacia las regiones.
El rechazo también fue acompañado por el Comité pro Santa Cruz. Su presidente, Stello Cochamanidis, respaldó la posición de la Gobernación y llamó a construir una demanda nacional para mejorar la distribución de recursos. Desde el movimiento cívico cruceño sostienen que la discusión no debe limitarse a un porcentaje puntual, sino al fortalecimiento de las autonomías departamentales.
TARIJA Y COCHABAMBA CUESTIONAN EL PLANTEAMIENTO
Las críticas no se concentraron únicamente en Santa Cruz. La gobernadora de Tarija, María René Soruco, manifestó que el porcentaje propuesto está muy lejos de las expectativas que tenían las regiones y cuestionó además que los recursos estén vinculados a compromisos relacionados con salud.
Para la autoridad tarijeña, la oferta constituye un retroceso respecto a las aspiraciones de las gobernaciones, que buscan una participación más significativa en los ingresos tributarios administrados por el nivel central del Estado. Su posición coincide con la exigencia de avanzar hacia un porcentaje cercano al 15%.
En Cochabamba, el gobernador Leonardo Loza también expresó su desacuerdo. Recordó que la propuesta inicial del Ejecutivo era apenas del 0,4% y afirmó que incluso el 1% acordado posteriormente sigue siendo insuficiente frente a las necesidades regionales.
“Es una burla del Gobierno hacia las gobernaciones del país”, señaló al referirse a la oferta planteada durante las negociaciones. Loza insistió en que el objetivo de los departamentos es construir un esquema gradual que permita alcanzar una participación mucho mayor en la coparticipación tributaria.
LA PAZ Y BENI RESPALDAN EL ACUERDO
A diferencia de las gobernaciones que cuestionan la propuesta, La Paz y Beni expresaron una visión favorable sobre el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo.
El gobernador paceño, Luis Revilla, sostuvo que el 1% representa un avance porque incorpora por primera vez a las gobernaciones en una distribución que antes no existía. Explicó que los recursos alcanzarían aproximadamente Bs 460 millones para los nueve departamentos y destacó la posibilidad de ampliar ese porcentaje en futuras negociaciones. Según su versión, el Gobierno comenzó planteando una coparticipación de 0,4%, cifra que posteriormente fue elevada al 1% durante las conversaciones sostenidas con los gobernadores.
Revilla también señaló que la reunión fue compleja debido a las posiciones contrapuestas existentes entre las autoridades departamentales y el Ejecutivo. Sin embargo, considera que el resultado obtenido permite abrir un proceso de incremento progresivo en los próximos años.
En la misma línea, el gobernador del Beni, Jesús Égüez, defendió el acuerdo y afirmó que representa un “gran avance” para las regiones. Argumentó que, por primera vez, las gobernaciones participarán de la coparticipación de siete impuestos nacionales y consideró que el actual contexto económico del país obliga a actuar con prudencia.
Égüez explicó que el entendimiento alcanzado contempla además otros elementos, entre ellos la transferencia del 100% del Régimen Agropecuario Unificado (RAU) a los gobiernos departamentales y la posibilidad de revisar periódicamente el porcentaje de coparticipación para evaluar futuros incrementos.
LA DEFENSA DEL GOBIERNO
Desde el Ejecutivo, la propuesta fue presentada como una alternativa viable frente a las limitaciones económicas que atraviesa el país.
El viceministro de Gestión Legislativa y Coordinación con Organizaciones Sociales, Wilson Santamaría, respondió a los cuestionamientos planteados por algunos gobernadores y les pidió explicar de qué partidas presupuestarias deberían obtenerse los recursos adicionales que reclaman.
Según la autoridad, aumentar significativamente la coparticipación implicaría afectar áreas financiadas por el Gobierno central, como salud, educación, infraestructura o seguridad estatal. Además, cuestionó que algunas autoridades departamentales respalden determinadas posiciones durante las reuniones técnicas y luego expresen públicamente una postura distinta.
El Ministerio de la Presidencia informó que el acuerdo contempla la asignación del 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones sin afectar los recursos que actualmente reciben municipios, autonomías indígenas y universidades públicas. Asimismo, se anunció la elaboración de un anteproyecto de ley para viabilizar los cambios acordados dentro de la agenda 50/50.
Mientras las gobernaciones mantienen posiciones divididas, el desacuerdo dejó en evidencia que las regiones todavía están lejos de presentar un frente común frente al Ejecutivo. La discusión ya no gira únicamente alrededor del 1%, sino sobre cuánto poder económico tendrán las gobernaciones dentro del nuevo esquema de redistribución fiscal que el Gobierno pretende implementar desde 2027.