Hace semanas el Gobierno aseguró que el fin de la subvención al diésel liberaría recursos suficientes para sostener las compensaciones sociales. Ahora, el programa PEPE será respaldado con un préstamo externo.

La Cámara de Senadores sancionó el crédito de 200 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para el Programa de Protección Social y Económica y Transformación Social en Bolivia (PEPE), recursos que el Gobierno destinará al financiamiento de medidas de apoyo dirigidas a sectores vulnerables.
La aprobación del financiamiento ocurre pocas semanas después de que el presidente Rodrigo Paz justificara la eliminación de la subvención al diésel señalando que el Estado destinaba alrededor de 55 millones de dólares por semana a ese beneficio y que esos recursos podrían redirigirse a programas sociales y compensaciones económicas para la población.
DEL AHORRO ANUNCIADO AL FINANCIAMIENTO EXTERNO
Cuando se anunció el nuevo esquema para el diésel, el Gobierno sostuvo que la subvención consumía más de 2.600 millones de dólares al año y que era necesario reasignar esos recursos para atender otras prioridades nacionales. En esa misma presentación se informó sobre la implementación del Bono PEPE II y otros mecanismos de compensación.
La explicación oficial apuntaba a que el ahorro generado por la eliminación de la subvención permitiría financiar la protección a los sectores afectados por el ajuste en los combustibles. Sin embargo, el Ejecutivo terminó impulsando un crédito internacional para respaldar precisamente el programa que había sido presentado como parte de esa compensación.
Durante el tratamiento de la norma, el viceministro del Tesoro, Óscar Navarro, explicó que el préstamo permitirá reponer gastos ya realizados por el Tesoro General del Estado y fortalecer los mecanismos de protección social. También indicó que los recursos servirán para focalizar mejor los beneficios destinados a la población vulnerable.
Lo que aprobó el Senado
La norma sancionada autoriza el convenio suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, perteneciente al Grupo Banco Mundial, para ejecutar el proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia. El programa contempla transferencias monetarias destinadas a amortiguar los efectos económicos derivados de los cambios aplicados a los subsidios de combustibles.
El senador Víctor Quispe, del PDC, defendió la aprobación del crédito y sostuvo que los recursos están orientados a reforzar el apoyo económico a los sectores golpeados por la crisis. Según afirmó, el financiamiento permitirá garantizar la continuidad de los bonos dirigidos a la población con mayores dificultades económicas.
La aprobación del préstamo reabre interrogantes sobre el alcance real del ahorro anunciado por el Gobierno tras la eliminación de la subvención al diésel. Si la medida permitía liberar alrededor de 55 millones de dólares por semana, como aseguró el Ejecutivo, surge la pregunta de por qué fue necesario recurrir a un crédito de 200 millones de dólares para sostener el programa PEPE.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos externos están destinados exclusivamente a programas de protección social y no a gasto corriente, la secuencia de decisiones exhibe una diferencia entre el mensaje presentado cuando se eliminó la subvención y la fuente de financiamiento utilizada ahora para sostener las compensaciones prometidas.