Legisladores de ambos partidos buscan que cualquier acción bélica del presidente cuente con autorización del Congreso, alertando sobre riesgos de conflicto en Venezuela y respeto a la Constitución estadounidense.
En Washington, un grupo de senadores decidió tomar cartas en el asunto ante la creciente preocupación por posibles operaciones militares en Venezuela ordenadas por el presidente Donald Trump. La resolución, firmada por los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff y el republicano Rand Paul, busca recordar que el Congreso tiene la autoridad exclusiva para declarar la guerra y que cualquier acción fuera de este marco desafía la Constitución.
La iniciativa fue presentada la noche del jueves 16 de octubre por Kaine, quien subrayó que el Ejecutivo solo puede ordenar intervenciones militares limitadas o defensivas, nunca ofensivas sin la aprobación legislativa. Tras la presentación, comenzó un período de espera de diez días antes de que la propuesta pueda ser debatida en el Senado.
El documento menciona operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, recientes declaraciones del presidente que han generado alarma en el Congreso. Kaine afirmó que “ninguna acción secreta ha sido autorizada por el Legislativo” y advirtió que seguir adelante con estas operaciones podría desencadenar un conflicto regional y poner en riesgo vidas civiles.
Adam Schiff señaló que esta resolución no es solo una advertencia, sino un recordatorio de los límites que la Constitución impone al Ejecutivo. “Restablecer el papel del Congreso es esencial para garantizar que decisiones de guerra no se tomen a espaldas de los ciudadanos”, expresó. Para los senadores, la transparencia y la autorización legal son fundamentales, especialmente cuando el costo humano puede ser tan alto.
Informes de agencias internacionales señalan que ataques recientes en el Mar Caribe, atribuibles a fuerzas estadounidenses, dejaron al menos 27 víctimas, entre ellas civiles que no participaban en combates. El Gobierno de Venezuela denunció los hechos ante la ONU, calificándolos como “ejecuciones extrajudiciales” y violaciones graves del derecho internacional humanitario, exigiendo que se investigue la legalidad de las operaciones.
La resolución busca que cualquier acción militar futura dependa de la aprobación del Congreso, convirtiéndose en un freno institucional frente a decisiones unilaterales. Representa un intento por reafirmar los principios constitucionales y evitar que el poder ejecutivo actúe sin controles.