Una sentencia de 2015 contra el ministro Freddy Vidovic desató un choque institucional sin precedentes entre dos carteras del Ejecutivo y dejó en manos del presidente Rodrigo Paz la decisión final.
El Gobierno ingresó en una zona de tensión política y legal luego de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmara la validez de una sentencia ejecutoriada de tres años de prisión contra el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, por los delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho activo. El pronunciamiento abrió un escenario inesperado dentro del gabinete del presidente Rodrigo Paz, al poner en cuestión la continuidad de uno de sus integrantes más visibles.
Según explicó Oviedo, la revisión de antecedentes judiciales ordenada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, permitió identificar una condena emitida en mayo de 2015. El fallo fue dictado por el entonces juez Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Román Cordero, dentro de un procedimiento abreviado al que Vidovic se acogió voluntariamente, renunciando a la apelación y dejando firme la sentencia.
El informe oficial fue remitido a la Presidencia para que el jefe de Estado analice las implicaciones constitucionales. “No podrá ejercer función pública. Es uno de los efectos directos de la suspensión de derechos ciudadanos ocasionada por una sentencia ejecutoriada”, afirmó Oviedo, subrayando que la restricción se encuentra expresamente estipulada en la normativa vigente.
Otro punto que llamó la atención del ministro fue que la condena no aparece registrada en el Rejap, hecho que calificó de “irregular” y que, según adelantó, deberá ser investigado. La revelación incrementó la tensión política, ya que involucra a una de las autoridades responsables de dirigir la política judicial en el país.
Vidovic, por su parte, negó haber admitido culpa alguna y aseguró que el fallo fue producto de persecución política durante el gobierno del MAS. En un comunicado difundido horas después, dijo que en 2015 actuaba como abogado en el caso Belaúnde y que tanto él como otros juristas fueron víctimas de detenciones arbitrarias, amenazas y torturas. “Aceptar un juicio abreviado en esas condiciones no significa admitir responsabilidad, sino preservar la vida en un contexto represivo”, argumentó.
El ministro insistió en que nunca fue notificado legalmente con la sentencia y denunció irregularidades en todo el proceso. Afirmó además que la condena ya no debería producir efectos porque la pena fue suspendida condicionalmente y han pasado más de ocho años desde su emisión. Apeló al artículo 234 de la Constitución para sostener que la inhabilitación solo corresponde cuando una sentencia ejecutoriada está pendiente de cumplimiento, algo que —según su versión— no ocurre en su caso.
Vidovic anunció la presentación de un recurso extraordinario de revisión de sentencia para que se reevalúen las circunstancias en las que fue procesado. “Rechazo cualquier intento de anular mis derechos ciudadanos y de apartarme del Ministerio de Justicia. Continuaré trabajando por la transparencia y la transformación judicial del país”, afirmó.
Mientras tanto, el episodio generó un quiebre visible dentro del propio Ejecutivo. Aunque el presidente Paz aún no se pronunció públicamente, se espera que lo haga una vez concluidos los informes internos. La decisión podría tomar tres caminos: ratificar a Vidovic, destituirlo o esperar el desenlace de la acción legal anunciada por el ministro.
La situación se volvió aún más compleja luego de que el vicepresidente Edmand Lara respaldara la versión de Vidovic, recordando que su despacho impulsa acciones firmes contra la corrupción y que, a su juicio, la sentencia cuestionada debe ser revisada. Hasta ahora no hizo declaraciones formales, pero su postura deja entrever un posible distanciamiento con el presidente Paz y con sectores del PDC.