El sector turístico, legisladores nacionales y autoridades regionales coinciden en que el incremento de pasajes impacta el acceso al transporte, debilita la reactivación económica y exige explicaciones técnicas claras a la autoridad reguladora.
El reajuste de las tarifas máximas referenciales para vuelos nacionales generó una reacción simultánea en varios frentes institucionales del país. Cámaras de turismo, representantes hoteleros, autoridades departamentales y legisladores de distintas bancadas expresaron preocupación por el efecto que tendrá el encarecimiento de los pasajes en la movilidad de la población y en la actividad económica vinculada al turismo.
Las organizaciones empresariales del sector turístico advirtieron que la decisión llega en un momento delicado para la industria. Tras varios años de recuperación irregular, el flujo de viajeros internos se había convertido en un sostén clave para hoteles, operadores, agencias de viaje y servicios complementarios. Dirigentes del rubro sostienen que elevar el costo de los boletos aéreos reduce de forma directa la posibilidad de que familias y grupos opten por desplazarse en avión dentro del territorio nacional.
Desde estas entidades también se observa que no se habrían difundido de manera amplia los criterios técnicos que respaldan el nuevo esquema tarifario. Representantes de cámaras de turismo departamentales señalaron que solicitarán información detallada a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para conocer la estructura de costos considerada en la determinación de los valores de referencia.
El sector hotelero comparte esa inquietud. Asociaciones regionales indicaron que, en varias ciudades intermedias, la conectividad aérea ya es limitada por la baja frecuencia de vuelos. En ese contexto, un aumento en los precios puede desalentar aún más la llegada de visitantes, especialmente en temporadas que tradicionalmente ayudan a equilibrar los ingresos anuales del sector.
A nivel nacional, dirigentes turísticos remarcaron que el transporte aéreo cumple un rol estratégico en un país con grandes distancias y geografía compleja. Desde su perspectiva, cualquier modificación en las tarifas debería analizarse no solo desde la lógica empresarial de las aerolíneas, sino también desde su impacto en cadenas productivas más amplias, que incluyen gastronomía, comercio local, transporte terrestre y servicios culturales.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, el tema también se instaló en la agenda. Parlamentarios de diferentes fuerzas políticas coincidieron en que el incremento puede tener efectos sensibles en la economía familiar. Algunos legisladores señalaron que decisiones de esta naturaleza deberían enmarcarse en políticas públicas integrales que promuevan mayor competencia en el mercado aerocomercial, en lugar de concentrarse únicamente en ajustes tarifarios.
Varios asambleístas recordaron que, en reiteradas ocasiones, se ha planteado la necesidad de ampliar la participación de nuevas aerolíneas en rutas nacionales, con el objetivo de generar un entorno más competitivo que permita equilibrar precios y mejorar la calidad del servicio. Desde esa óptica, sostienen que los aumentos en los techos tarifarios no resuelven el problema estructural de fondo.
Autoridades departamentales también hicieron pública su preocupación. Gobernaciones y asambleas regionales, especialmente en zonas que dependen en gran medida del transporte aéreo para su conexión con el eje central, advirtieron que tarifas más altas pueden traducirse en menor flujo de visitantes, menos actividad comercial y reducción de oportunidades para emprendedores locales vinculados al turismo.
En regiones donde el traslado terrestre implica largos tiempos de viaje, el avión es considerado un servicio esencial para estudiantes, trabajadores y familias que necesitan desplazarse por motivos de salud, educación o trabajo. En ese contexto, el incremento de precios no solo afecta al turismo, sino también a la movilidad cotidiana de la población.
Por su parte, la ATT ha señalado en comunicaciones institucionales previas que las tarifas máximas referenciales funcionan como límites y que las aerolíneas pueden ofertar precios por debajo de esos valores. Asimismo, la entidad reguladora ha indicado que estos parámetros son revisados periódicamente en función de variables técnicas del sector aeronáutico.
Sin embargo, desde el ámbito empresarial y legislativo insisten en que se requiere mayor transparencia en la difusión de los estudios que sustentan estas decisiones. Plantean que un diálogo técnico con participación de actores del sector permitiría reducir la incertidumbre y evitar que las medidas regulatorias sean percibidas como desconectadas de la realidad económica de los usuarios.