Los trabajadores castañeros denuncian exclusión deliberada del Ejecutivo en decisiones clave del sector, alertan riesgo de reducción de precios y advierten que activarán movilizaciones si continúa el alineamiento gubernamental con empresarios.

La tensión en el sector castañero escaló de forma abrupta después de que trabajadores de distintas regiones expresaran su rechazo al presidente Rodrigo Paz por lo que consideran un acto evidente de alineamiento político y económico con el empresariado. El malestar se desató tras revelarse que el mandatario sostuvo una reunión privada únicamente con representantes empresariales, dejando fuera al sector obrero que sostiene la producción diaria de la almendra, uno de los recursos más relevantes de la Amazonía boliviana.

Para los trabajadores, la exclusión no constituye un detalle protocolar sino una señal de fondo: decisiones estructurales adoptadas sin la presencia de quienes realizan el esfuerzo físico que mantiene operativa la cadena productiva. Alfredo Rodríguez Racua, dirigente del sector, sostuvo que el mensaje del Gobierno es alarmante, pues otorga interlocución exclusiva a quienes negocian desde posiciones de capital, relegando a los obreros a un rol marginal en un momento clave para la definición del precio interno y la dinámica comercial.

El reclamo más urgente del sector no fue abordado por el Ejecutivo, según Rodríguez. Desde hace meses, los trabajadores demandan el cierre temporal de fronteras comerciales para frenar la salida directa de almendra hacia compradores peruanos y brasileños, quienes —afirman— pagan montos muy superiores al valor vigente en el país. Mientras el precio interno se mantiene alrededor de los 700 bolivianos por caja, en mercados vecinos la oferta crece de manera significativa, incentivando la salida informal del producto y dejando al trabajador en desventaja.

La tensión aumentó cuando trascendió que, en la reunión entre Paz y empresarios, se habría discutido incluso la posibilidad de reducir el precio interno de la almendra. Si bien la información no fue confirmada oficialmente, los trabajadores advierten que cualquier reducción golpearía de inmediato el ingreso rural, agravaría la precariedad y forzaría a muchos productores a ampliar prácticas informales para sostener a sus familias.

El sector considera que esta posible reducción refleja un alineamiento explícito con intereses empresariales, debilitando aún más las condiciones laborales en la Amazonía. Frente a ello, los sindicatos evalúan iniciar medidas de presión escalonadas si el Gobierno no abre un espacio real de diálogo.