Dirigentes del sector rechazan la versión oficial de sabotaje en refinerías, atribuyen la mala calidad del combustible a fallas internas y exigen que la estatal asuma responsabilidades técnicas y económicas.

La presencia de efectivos militares en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue cuestionada públicamente por el transporte pesado cruceño. El dirigente Juan Yujra afirmó que la decisión gubernamental no responde a pruebas verificables de sabotaje, sino a una estrategia para desviar responsabilidades sobre la calidad de los carburantes.
“El despliegue es un show mediático”, declaró Yujra, al referirse a la determinación asumida por el Ejecutivo tras denunciar supuestos actos destinados a perjudicar la producción y distribución de combustibles. Desde el Gobierno se informó que la medida busca proteger infraestructuras estratégicas y garantizar el suministro.
El representante sectorial rechazó que exista una acción externa para afectar al Estado. “No hay sabotaje. Si hay problemas, son internos. Están haciendo experimentos con el combustible”, sostuvo. Añadió que las fallas reportadas por transportistas no pueden atribuirse a terceros. “Saboteadores son quienes mezclan combustible (…) el sabotaje se lo hacen ellos mismos”, afirmó.
Las declaraciones se producen después de que conductores denunciaran daños en motores y disminución en el rendimiento de sus unidades. Según Yujra, varios afiliados reportaron pérdidas económicas vinculadas al uso de gasolina y diésel que consideran deficientes. “YPFB está jugando con la vida de motores”, señaló, exigiendo controles técnicos transparentes y resultados públicos.
El dirigente también pidió que la estatal reconozca posibles errores operativos. “Gobierno y YPFB acepten sus errores”, manifestó, remarcando que el sector no puede asumir los costos derivados de productos observados. En la misma línea, planteó que el combustible cuestionado sea retirado del mercado. “Si la gasolina no sirve, devuélvanlo”, expresó.
Durante su pronunciamiento, Yujra propuso abrir la importación a operadores privados como alternativa estructural. “Debería desaparecer YPFB por mala gasolina”, indicó, argumentando que la competencia permitiría mejorar estándares y reducir riesgos para el transporte pesado.