Gobierno cambia versión sobre gasolina y revive discurso de sabotaje
Durante más de una semana, la explicación oficial sobre la gasolina que dañó motores en Bolivia se fue moviendo como una pieza mal ajustada. Primero no había problema. Luego fue una falla técnica. Más tarde, combustible heredado. Ahora, el presidente Rodrigo Paz habla de sabotaje interno y de mafias enquistadas en YPFB.
La historia empezó en los surtidores. Choferes de transporte público, interprovincial y particular comenzaron a reportar fallas mecánicas graves tras cargar combustible. Talleres mecánicos de distintas ciudades coincidieron en diagnósticos similares: residuos, obstrucciones y daños en sistemas de inyección. Con el correr de los días, la cifra oficial de vehículos afectados llegó a cerca de 2.000, un número reconocido por la propia estatal.
En los primeros momentos, YPFB defendió la calidad del producto. Carlos Cuéllar, gerente de Productos Derivados, aseguró que la gasolina cumplía especificaciones técnicas, respaldándose en informes de la empresa inspectora contratada. Ese respaldo duró poco. El mismo día, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, admitió públicamente que hubo gasolina de mala calidad y que el problema estaba en proceso de solución.
Después vino la confirmación técnica. YPFB informó la detección de concentraciones elevadas de goma y manganeso en tanques que abastecen regiones como Santa Cruz, Trinidad y Oruro. También reconoció la existencia de volúmenes residuales de gasolina almacenados en Arica y en la frontera con Argentina, correspondientes a compras anteriores. El combustible fue aislado y sometido a procesos de estabilización, mientras se anunciaban pruebas diarias de laboratorio.
En paralelo, salió a la luz un contrato clave. YPFB adjudicó por Bs 8,1 millones el servicio de inspección de calidad y cantidad de combustibles a Camin Cargo Control Argentina S.A., encargada de supervisar 45 plantas de almacenamiento. La adjudicación, formal y documentada, quedó bajo escrutinio cuando se supo que, pese a los controles, el combustible contaminado llegó a los surtidores.
El giro más fuerte llegó el viernes por la noche. Rodrigo Paz habló de sabotaje interno, de movimientos administrativos irregulares y de una estructura montada para proteger privilegios. Anunció la desvinculación de más de 300 funcionarios y denunció degradaciones y ascensos cruzados para evitar despidos. Varios implicados, dijo, ya enfrentan detención preventiva.
Mientras el discurso endurecía, el Gobierno activó una salida práctica. El Ministerio de Hidrocarburos confirmó la puesta en marcha de un seguro solidario de daños contra terceros para resarcir a los conductores afectados. Los talleres habilitados evaluarán cada caso y el seguro cubrirá las reparaciones según la gravedad del daño.
En la Asamblea Legislativa, el tema escaló. El vicepresidente Edmand Lara anunció un pliego interpelatorio contra el ministro Mauricio Medinaceli, reabriendo un mecanismo de fiscalización que estuvo paralizado por años.
