La resolución no solo beneficia al emblemático felino, especie clave para los ecosistemas bolivianos, sino que establece un precedente jurídico para la protección ambiental
En un fallo sin precedentes, el Tribunal Agroambiental ordenó un paquete de 13 medidas urgentes para proteger al jaguar (Panthera onca) y su ecosistema, tras admitir una Acción Ambiental Directa presentada por la diputada cruceña María René Álvarez.La resolución incluye la prohibición inmediata de quemas y chaqueos en todo el territorio nacional, marcando un hito en la defensa ambiental del país.Medidas clave para la conservaciónEntre las disposiciones más destacadas se encuentran:• Pausa ecológica nacional: Suspensión inmediata de todas las autorizaciones de quema y actividades extractivas en áreas protegidas del corredor del jaguar.
• Fondo de conservación: Exhortación a la Asamblea Legislativa para crear un fondo específico para la protección del felino.
• Protección a defensores ambientales: Plan nacional en 30 días para salvaguardar a activistas, con enfoque de género e intercultural.
• Tolerancia cero al tráfico de vida silvestre: Implementación urgente en aeropuertos y fronteras, siguiendo el Protocolo de Buckingham Palace.La activista Nadia Beller celebró la decisión en redes sociales: «Los nuevos magistrados siguen dando alegrías al pueblo boliviano», destacando el carácter progresista del fallo.El veredicto también impulsa:
• Actualización del estatus de conservación del jaguar en el Libro Rojo de Fauna.
• Elaboración de un Plan Nacional de Conservación 2025-2035 para la especie.
• Reforma educativa con nuevos contenidos sobre biodiversidad y cambio climático en coordinación con Wildlife Conservation Society (WCS).Impacto nacionalLa resolución no solo beneficia al emblemático felino, especie clave para los ecosistemas bolivianos, sino que establece un precedente jurídico para la protección ambiental, al:
1. Priorizar conflictos humano-vida silvestre.
2. Frenar actividades extractivas en áreas sensibles.
3. Fortalecer la lucha contra el tráfico internacional de especies.Con esta decisión, Bolivia avanza hacia un modelo de justicia ambiental proactiva, alineada con estándares internacionales de conservación.
El reto ahora será su implementación efectiva entre todas las instancias del Estado involucradas.