El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción resolvió liberar a Marco Pumari y dictar arresto domiciliario con salida laboral para Luis Fernando Camacho, en el marco del caso Golpe de Estado I.
La mañana de este martes quedó marcada por un nuevo capítulo en el caso Golpe de Estado I, proceso judicial que investiga los sucesos de octubre y noviembre de 2019. El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso la libertad irrestricta de Marco Pumari, exdirigente cívico de Potosí, y determinó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumpla detención domiciliaria con autorización de salida laboral, en reemplazo de la detención preventiva que mantiene desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro.
La resolución fue emitida tras una audiencia de revisión de medidas cautelares, encabezada por el magistrado Romer Saucedo. “El gobernador Camacho es beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva, las cuales deberán cumplirse estrictamente”, explicó su abogado, Martín Camacho, al salir del recinto judicial.
EL CAMBIO DE MEDIDAS PARA CAMACHO
Si bien la decisión representa un alivio para la autoridad cruceña, la misma no implica su libertad plena. Camacho deberá permanecer bajo arresto domiciliario, con la posibilidad de realizar actividades laborales, hasta que concluyan los trámites legales que viabilicen el mandamiento de salida del penal.
La defensa de Camacho informó que el traslado desde Chonchocoro a su domicilio se concretará una vez que se cumplan los procedimientos administrativos y de seguridad. Mientras tanto, el gobernador continúa en el centro penitenciario esperando que se haga efectiva la resolución judicial.
Además, este miércoles enfrentará una nueva audiencia relacionada con el denominado “paro de los 36 días”, protesta desarrollada en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022. En esa ocasión se debatirá la continuidad de su detención preventiva en ese otro proceso.
LIBERTAD PARA MARCO PUMARI
Por su parte, Marco Pumari, exlíder del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), fue beneficiado con libertad pura y simple. Según explicó su abogado, Diego Gutiérrez, la determinación judicial incluye la obligación de presentarse todos los lunes en oficinas judiciales de Potosí, como una medida de control mínimo.
El dirigente cívico había sido procesado por su participación en las movilizaciones de 2019, que culminaron con la salida de Evo Morales de la Presidencia. Al igual que Camacho, durante aquellos días fue protegido por la Policía en La Paz, pese a ser un actor civil y no una autoridad institucional.
EL CONTEXTO DEL CASO
El caso Golpe de Estado I aborda los episodios ocurridos entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, período en el que se denunciaron enfrentamientos, motines policiales y presiones militares que desembocaron en la renuncia de Morales.
Camacho, en ese momento presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, encabezó las movilizaciones en contra del Gobierno. En un cabildo realizado el 2 de noviembre, dio un plazo de 48 horas a Morales para dejar la Presidencia, portando símbolos religiosos como la Biblia.
Dos días más tarde, en otro cabildo, presentó una carta de renuncia que pretendía hacer firmar al entonces mandatario. Estas acciones se realizaron en paralelo a contactos sostenidos por su padre, José Luis Camacho Parada, con miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. El propio gobernador cruceño reconoció públicamente en diciembre de 2019 que su progenitor y el futuro ministro de Defensa, Luis Fernando López, fueron los encargados de concretar dichos nexos.
EL PAPEL DE POLICÍAS Y MILITARES
El 8 de noviembre de 2019, la Policía de Cochabamba inició un motín en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). A esta medida se sumaron rápidamente efectivos de otros departamentos, hasta que el 9 de noviembre se unieron las fuerzas de Pando y de La Paz.
El 10 de noviembre, con el motín policial extendido y tras la sugerencia de los altos mandos militares, Evo Morales anunció su renuncia. La crisis política derivó en la instauración de un gobierno transitorio encabezado por Jeanine Áñez.
Según el testimonio del propio Camacho, la garantía de que militares y policías no saldrían en defensa del Gobierno fue “determinante” para trasladar la protesta de Santa Cruz hasta La Paz.
EXPECTATIVAS DE EJECUCIÓN
Los abogados de ambos dirigentes cívicos aguardan que las determinaciones judiciales se materialicen en las próximas horas. En el caso de Camacho, el cumplimiento de medidas sustitutivas implica un control estricto por parte de las autoridades judiciales, además de restricciones de desplazamiento.
En cuanto a Pumari, su libertad absoluta le permitirá retomar su vida cotidiana, aunque con la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia.
EL PESO POLÍTICO DE LA DECISIÓN
El fallo reaviva el debate en torno a los procesos judiciales derivados de la crisis de 2019. Para los sectores sociales que sufrieron las consecuencias de la violencia, las decisiones representan un retroceso en la búsqueda de justicia. Mientras tanto, los simpatizantes de Camacho y Pumari celebran el fallo como un avance hacia lo que consideran una reparación a la “persecución política”.
El caso mantiene polarizada a la opinión pública. Organizaciones de víctimas de Senkata y Sacaba insisten en que debe garantizarse la investigación de las muertes ocurridas en esos conflictos y que los responsables intelectuales y materiales deben ser procesados sin privilegios.
EL FUTURO INMEDIATO
El escenario judicial de Camacho se mantiene complejo. Además del proceso Golpe de Estado I y el caso del “paro de 36 días”, enfrenta otras investigaciones abiertas. Su permanencia en la arena política dependerá de cómo evolucionen estos procesos y de si logra mantener su figura como líder opositor en Santa Cruz.
Pumari, en cambio, se reencuentra con la posibilidad de reconstruir su actividad política en Potosí, aunque con la carga de un proceso que, si bien le otorgó libertad, todavía no está cerrado en su totalidad.