El presidente estadounidense amenaza con fuerza bruta a Caracas, usando excusas falsas y justificaciones inexistentes mientras ignora normas internacionales y aumenta tensiones regionales.

Donald Trump redobló su agresión verbal y militar contra Venezuela, evidenciando un empecinamiento sin límites que alarma a gobiernos y organismos internacionales. Desde el Air Force One, el mandatario aseguró: «Si podemos salvar vidas de manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también», palabras que reflejan su disposición a imponer la fuerza sin medir consecuencias ni legalidad.

La inclusión del llamado “Cártel de los Soles” en la lista de organizaciones terroristas extranjeras se ha convertido en la excusa oficial de la Casa Blanca para intensificar la presión sobre Caracas. Venezuela rechazó de inmediato la medida, calificándola de “infame mentira” y reiterando que no existe tal organización, denunciando que Estados Unidos busca justificar un cambio de régimen para apropiarse de sus recursos estratégicos.

Desde agosto, Washington mantiene un despliegue militar frente a las costas venezolanas, argumentando operaciones antidrogas. Bajo la denominación “Lanza del Sur”, la administración estadounidense ha llevado a cabo bombardeos contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, con un saldo de más de 70 muertos, sin pruebas que respalden las acusaciones de tráfico.

Trump también ha duplicado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar un cártel de narcotráfico, reforzando un patrón de hostilidad que ignora la soberanía venezolana. Caracas sostiene que la verdadera intención de EE.UU. es apoderarse de sus reservas petroleras y gasíferas, disfrazando la agresión como lucha antidrogas.

Expertos y organismos internacionales han cuestionado la narrativa de Washington. La ONU y la DEA señalan que Venezuela no constituye una ruta principal de narcotráfico hacia Estados Unidos, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico. Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como Rusia y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han condenado los ataques, calificando los bombardeos a embarcaciones como “ejecuciones sumarias” que violan la ley internacional.