El aspirante de NGP queda fuera del proceso electoral tras una decisión cuestionada por argumentos fiscales aún en disputa.
La candidatura de Jaime Dunn vuelve a ser excluida del escenario electoral nacional. Este martes 8 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó, por segunda vez, su inhabilitación como postulante presidencial por la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), bajo el argumento de deudas fiscales no resueltas ante la Alcaldía de El Alto.
El eje del conflicto gira en torno a un conjunto de procesos coactivos fiscales que se remontan a su gestión como ex oficial mayor de dicha alcaldía entre 2001 y 2002. Pese a que Dunn presentó una constancia de solvencia fiscal expedida por la Contraloría General del Estado y una resolución judicial que extinguía los procesos, el gobierno municipal alteño mantuvo firme su postura sobre la vigencia de las obligaciones, y apeló la decisión judicial que lo liberaba de esas responsabilidades.
La polémica resolución del TSE se basa en esa apelación, y en el argumento de que aún persisten dudas sobre el cumplimiento total de sus obligaciones tributarias. A criterio de la institución electoral, esa incertidumbre impide su habilitación conforme a las normas que exigen probada transparencia fiscal para aspirantes a la presidencia.
Desde Nueva Generación Patriótica, la decisión fue recibida como una acción arbitraria con fondo político. Portavoces del partido denunciaron que el TSE priorizó una posición institucional parcial, ignorando documentación oficial que respalda la regularización de la situación de Dunn. Según el equipo jurídico de la agrupación, el rechazo vulnera principios constitucionales, ya que un ciudadano con solvencia certificada no puede ser excluido con base en interpretaciones discrecionales de un conflicto administrativo.
La figura de Dunn, que pretendía irrumpir como una alternativa renovadora en el tablero electoral, ve nuevamente truncada su proyección. Esta segunda inhabilitación pone en duda la viabilidad de su participación futura, a menos que instancias superiores —nacionales o internacionales— reviertan la medida.
Por su parte, especialistas en derecho electoral se han manifestado divididos: algunos defienden la potestad del TSE de aplicar filtros estrictos a los candidatos, mientras otros advierten sobre el riesgo de que se imponga un criterio político disfrazado de legalidad.
La Alcaldía de El Alto, pieza clave en esta controversia, ha sostenido que los recursos pendientes con el Estado no han sido efectivamente cancelados y que su responsabilidad institucional es hacerlos valer, independientemente de decisiones judiciales anteriores que hayan favorecido a Dunn.
Con esta decisión, el proceso electoral suma un episodio más a la lista de tensiones y disputas que han caracterizado la preselección de candidaturas. Y mientras otros actores ya afinan sus estrategias para la campaña, Dunn y su partido evalúan acciones legales para revertir lo que consideran una exclusión injusta e innecesariamente litigiosa.