La entrega de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder a Petrobras en 1999, con el aval político de Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, significó una pérdida estratégica y millonaria para Bolivia.
Por Marco Antonio Santivañez Soria
Periodista
En el año 1999, Bolivia atravesaba una etapa marcada por la profundización del modelo neoliberal impuesto desde la década anterior. Dentro de este contexto, la privatización de las refinerías estatales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) representó un punto de inflexión que marcó negativamente la historia hidrocarburífera del país.
La transferencia de la propiedad y el control de las refinerías Gualberto Villarroel (ubicada en Cochabamba) y Guillermo Elder Bell (en Santa Cruz) a la empresa estatal brasileña Petrobras fue ejecutada por un monto de 102 millones de dólares, una cifra irrisoria en comparación con el valor real y el potencial económico de estos activos estratégicos.
Este despojo no fue un accidente ni producto de una mala gestión técnica, sino una decisión política consciente, impulsada y avalada por los principales actores del gobierno de entonces: el presidente Hugo Banzer Suárez (1997-2001), su sucesor Jorge “Tuto” Quiroga (quien ejerció la presidencia entre 2001 y 2002 tras la renuncia de Banzer) y, fundamentalmente, la bancada legislativa que respaldó la medida, con la participación activa del partido Nueva Fuerza Republicana (NFR), liderado por Manfred Reyes Villa.
LA CAPITALIZACIÓN Y EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN
La base para la venta de las refinerías se sentó durante la capitalización de YPFB iniciada en 1994 bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Esta política neoliberal consistió en fragmentar y transferir unidades operativas de la petrolera estatal a empresas privadas, incluyendo producción, transporte, refinación y comercialización.
Mientras YPFB mantenía el control sobre la refinación hasta 1999, ese año se produjo la privatización definitiva de las dos principales refinerías.
El proceso se formalizó con la creación de la Empresa Boliviana de Refinación (EBR), una sociedad conformada mayoritariamente por Petrobras (70%) y la argentina Pérez Companc (30%).
Según registros oficiales, el pago inicial por la adquisición fue de 102 millones de dólares depositados en diciembre de 1999, una suma considerablemente inferior al valor real de las instalaciones y sus potenciales ingresos.
LOS ACTORES POLÍTICOS Y SU ROL EN LA ENTREGA
El presidente Banzer fue el impulsor principal de la privatización, marcando una continuidad en las reformas estructurales iniciadas bajo Sánchez de Lozada.
Tras su salida por problemas de salud, Jorge Quiroga, vicepresidente en ese momento, asumió la presidencia y dio continuidad política y administrativa a estas medidas.
Manfred Reyes Villa, como líder de la NFR y alcalde de Cochabamba, no solo respaldó la privatización desde su bancada legislativa sino que, en alianza con Banzer y Quiroga, fue parte de la coalición que facilitó la aprobación en el Congreso Nacional —entonces la máxima instancia legislativa del país— de los decretos y leyes necesarias para concretar la venta.
Esta coalición oficialista integrada por ADN, MIR, MNR, UCS y NFR, permitió que se impusiera una política de entrega de activos estratégicos sin mayor debate público ni consideración por el impacto social y económico para Bolivia.
UN DESPOJO ECONÓMICO Y ESTRATÉGICO
Antes de la privatización, YPFB generaba ingresos significativos para el Estado boliviano.
En la década previa, se estimaba que la empresa aportaba alrededor de 350 a 400 millones de dólares anuales en regalías, impuestos y utilidades, representando una fuente fundamental de ingresos para el Tesoro General de la Nación.
Sin embargo, la fragmentación y posterior venta de las refinerías redujo drásticamente este aporte.
Tras la transferencia, el Estado quedó relegado a percibir únicamente regalías por producción (cercanas al 18%), perdiendo el control operativo y estratégico de la refinación.
Petrobras, por su parte, controló completamente la cadena de refinación y comercialización interna, lo que le permitió obtener excedentes estimados en 70 millones de dólares anuales entre 2003 y 2005, beneficios que no fueron revertidos al Estado boliviano.
A nivel operativo, Petrobras manejó las refinerías con una política enfocada en maximizar ganancias, sin invertir adecuadamente en modernización o ampliación, lo que derivó en problemas de abastecimiento y dependencia creciente de combustibles importados.
EL IMPACTO EN CIFRAS
El pago inicial de 102 millones de dólares por el 70% de la EBR fue una cifra considerablemente inferior al valor real de los activos.
Según informes de la Fundación Jubileo y el CEDLA, YPFB tenía activos valorados en más de 300 millones de dólares y un potencial productivo con ingresos superiores a los 400 millones anuales. La diferencia evidencia una clara desvalorización intencionada para facilitar la venta a precio de «gallina muerta».
Además, entre 2000 y 2007, Petrobras acumuló beneficios netos superiores a los 500 millones de dólares, mientras el Estado boliviano veía cómo sus ingresos por regalías y otros tributos no crecían y su control sobre la industria hidrocarburífera disminuía.
Esta transferencia generó un doble perjuicio: pérdida de control soberano sobre la refinación, y una merma sustancial en los ingresos directos y estratégicos para el país.
LA RECUPERACIÓN TARDÍA Y COSTOSA
Fue recién en mayo de 2007, bajo la presidencia de Evo Morales y en el marco de la nacionalización de hidrocarburos, que el Estado boliviano logró recomprar el 100% de las acciones de Petrobras en Bolivia, pagando 112 millones de dólares, es decir, 10 millones más de lo que había recibido inicialmente.
Este costo adicional y el lapso de años en que se perdió el control evidencian el daño económico y estratégico infligido al país por la privatización.
QUIEREN REPETIR LA HISTORIA
A pesar de los daños y pérdidas evidentes, tanto Jorge Quiroga como Manfred Reyes Villa han reaparecido en la arena política con discursos que promueven la inversión privada y la apertura económica, con una visión que no difiere de la política neoliberal que condujo a la entrega de las refinerías.
En la actualidad, Quiroga busca la presidencia bajo un discurso de “modernización” que oculta la receta entreguista de los años 90, mientras Manfred, también candidato, sigue aliado con los sectores que en su momento avalaron la privatización y nuestra un discurso con un precio de combustible de 5 bs el litro, sin una base sólida de información.
Junto a ellos, figuras como Samuel Doria Medina, otro histórico defensor de la privatización, integran un bloque que pretende retomar políticas que ya demostraron su fracaso en beneficio de intereses extranjeros y en perjuicio del pueblo boliviano.