Comprar menos, reemplazar alimentos y hasta dejar de lado una comida del día se ha convertido en una realidad para numerosas familias bolivianas, según un monitoreo presentado por la Defensoría del Pueblo.

Uno de cada tres hogares consultados por la Defensoría del Pueblo reconoció que tuvo que reducir la cantidad de comidas diarias debido al aumento del costo de los alimentos. La entidad advirtió que la situación está afectando el acceso a una alimentación adecuada y alertó sobre un posible deterioro nutricional en distintos sectores de la población.
PRESIÓN CRECIENTE SOBRE LA ALIMENTACIÓN FAMILIAR
Los resultados forman parte del monitoreo sobre acceso a alimentos y derecho a la alimentación realizado en las nueve capitales departamentales y la ciudad de El Alto. El trabajo incluyó 63 entrevistas a jefes de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, efectuadas entre el 31 de julio y el 25 de septiembre.
Durante ese periodo, la Defensoría identificó incrementos en productos considerados esenciales para la canasta familiar. El reporte señala que las dificultades para afrontar esos costos están modificando de manera directa las decisiones de consumo de las familias.
Al presentar los resultados, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que existe una “alerta nutricional” debido a que una parte importante de los hogares ya está reduciendo la cantidad de comidas consumidas durante la jornada.
Los datos muestran un escenario mucho más amplio que la reducción de raciones. El 71% de las personas entrevistadas afirmó que el dinero que dispone habitualmente ya no alcanza para cubrir la alimentación del hogar. A ello se suma que el 94% indicó haber disminuido la cantidad de alimentos que compra y el 86% aseguró haber cambiado sus hábitos alimenticios para adaptarse a la pérdida de capacidad adquisitiva.
MENOS CANTIDAD Y PRODUCTOS MÁS BARATOS
El sondeo también refleja cómo las familias están modificando la composición de sus compras. De acuerdo con la información recogida por la Defensoría, muchas personas optan por adquirir cantidades menores o dejar de comprar algunos productos que antes formaban parte de su alimentación habitual.
Entre las estrategias identificadas aparece la sustitución de alimentos de mayor costo por alternativas más económicas. La institución advierte que este comportamiento puede derivar en una reducción de la calidad nutricional de la dieta familiar, especialmente cuando los reemplazos no ofrecen el mismo aporte alimenticio.
El monitoreo además detectó que el 18% de los consultados apenas logra cubrir una parte de sus necesidades básicas de alimentación, una señal de que existen hogares que enfrentan restricciones más severas para acceder a productos esenciales.
La Defensoría remarcó que la situación alcanza con mayor intensidad a grupos considerados vulnerables. Los testimonios recogidos durante el trabajo de campo muestran preocupación entre personas adultas mayores y personas con discapacidad, sectores que pueden verse más afectados por cambios bruscos en la calidad y frecuencia de su alimentación.
LOS PRECIOS SIGUEN MARCANDO EL PROBLEMA
El informe defensorial también efectuó un seguimiento a la evolución de productos priorizados de la canasta familiar. Según los resultados, 18 de los 21 alimentos observados registraron incrementos significativos durante el periodo evaluado.
Uno de los casos más notorios se presentó en Cochabamba, donde la zanahoria alcanzó un incremento de 293%, de acuerdo con los datos expuestos por la institución. Asimismo, el reporte identificó presiones importantes sobre los precios en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Tarija.
Para la Defensoría, estos resultados constituyen señales de alerta vinculadas al derecho a la alimentación y a las condiciones de vida de los hogares. Javier Mamani, profesional de Investigaciones Defensoriales, explicó que el trabajo no busca sustituir los estudios estadísticos que realizan otras entidades, sino identificar riesgos y advertir oportunamente sobre posibles afectaciones a los derechos humanos.
“Nosotros hacemos un sondeo defensorial en el marco de las competencias de un monitoreo de derechos humanos, en este caso del derecho de la alimentación”, señaló el funcionario al referirse al alcance del trabajo.
Otro dato reflejado en el monitoreo indica que el 11% de las personas entrevistadas redujo gastos destinados a salud para poder comprar alimentos. La cifra revela que algunas familias están reasignando recursos de necesidades básicas para intentar mantener el abastecimiento de sus hogares.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo volvió a plantear recomendaciones dirigidas a los distintos niveles del Estado. Entre ellas pidió medidas para mejorar la accesibilidad económica de los alimentos, fortalecer los mecanismos de protección para los sectores vulnerables, ampliar los controles en mercados y reforzar las acciones de fiscalización destinadas a garantizar el abastecimiento y el cumplimiento de las normas de comercialización.