El Gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de ataques militares en varias regiones, invoca derecho internacional, activa mecanismos constitucionales de protección y anuncia denuncias formales ante organismos multilaterales internacionales correspondientes.
La República Bolivariana de Venezuela comunicó a su población y a la comunidad internacional que fue blanco de una agresión militar atribuida al Gobierno de Estados Unidos, con afectaciones reportadas en áreas civiles y militares de Caracas y de los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La información fue difundida mediante un pronunciamiento oficial del Ejecutivo nacional, que calificó los hechos como una amenaza directa a la soberanía y a la seguridad de millones de personas.
De acuerdo con el documento gubernamental, las acciones denunciadas vulneran principios esenciales del orden jurídico internacional, específicamente los establecidos en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran la igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. El Gobierno sostuvo que cualquier operación militar contra el territorio de un país sin su consentimiento constituye una infracción grave a dichas normas.
Las autoridades venezolanas indicaron que los ataques señalados no se limitan a un impacto interno, sino que generan un riesgo regional al comprometer la estabilidad de América Latina y el Caribe. En ese marco, advirtieron que la escalada de acciones armadas entre Estados podría debilitar los mecanismos multilaterales creados para la solución pacífica de controversias.
El pronunciamiento oficial expuso que, según la evaluación del Estado venezolano, el trasfondo de la agresión estaría vinculado a intereses estratégicos sobre recursos naturales del país, entre ellos el petróleo y los minerales. El Gobierno afirmó que estas acciones buscarían presionar decisiones políticas internas y afectar la independencia nacional, una situación que —según se indicó— ha sido rechazada por las autoridades y por amplios sectores de la sociedad.
En respaldo de su posición, el Ejecutivo recordó que Venezuela ha enfrentado históricamente intervenciones y presiones externas. El comunicado aludió a episodios del pasado en los que el país defendió su integridad territorial frente a potencias extranjeras, señalando que esos antecedentes forman parte de la memoria institucional y del discurso de defensa de la soberanía.
Como respuesta inmediata, el Presidente Nicolás Maduro ordenó la activación de planes de defensa nacional, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado. Según la información oficial, estas medidas tienen como finalidad resguardar a la población civil, proteger infraestructuras estratégicas y garantizar la continuidad de las instituciones republicanas.
El Gobierno informó también la implementación de instrumentos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en leyes orgánicas relacionadas con situaciones excepcionales y la seguridad de la Nación. Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la declaratoria de un estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, figura legal contemplada para escenarios de amenaza externa.
De acuerdo con el Ejecutivo, esta declaratoria permite articular acciones institucionales de forma inmediata y bajo control normativo, con énfasis en la protección de derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado. Las autoridades subrayaron que la medida se ejecuta conforme a la legislación vigente y no implica la ruptura del orden constitucional.
Paralelamente, se anunció el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en los distintos niveles territoriales del país. Estas instancias, según el comunicado, coordinarán tareas de seguridad, logística y atención a la población, en articulación con gobernaciones y alcaldías.
En el ámbito internacional, Venezuela confirmó que presentará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Secretario General de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). El objetivo declarado es que los hechos sean evaluados por los organismos competentes y que se exijan responsabilidades conforme al derecho internacional.
El Gobierno venezolano invocó además el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho inherente de los Estados a la legítima defensa en caso de ataque armado. En ese contexto, señaló que el país se reserva la facultad de adoptar medidas para proteger a su población, su territorio y su independencia, dentro del marco legal internacional.
El comunicado incluyó un llamado a la movilización y a la unidad nacional, dirigido a fuerzas sociales, políticas e institucionales. Asimismo, convocó a los pueblos y gobiernos de la región y del mundo a expresar solidaridad con Venezuela, bajo el principio de no intervención y respeto a la soberanía de los Estados.
