Las familias de Senkata y Sacaba continúan exigiendo justicia. La CIDH y la ONU advierten que Bolivia debe cumplir compromisos internacionales para evitar que la impunidad consolide un precedente irreversible.
Las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas en noviembre de 2019, no solo forman parte de la memoria reciente del país, sino que se han convertido en un símbolo de la deuda pendiente del Estado boliviano con los derechos humanos. A casi seis años de los hechos, las familias de las más de 30 personas fallecidas siguen reclamando verdad, justicia y reparación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina regional de la ONU en América del Sur recordaron la pasada semana que Bolivia tiene la obligación de atender las recomendaciones internacionales. La preocupación se acentuó después de que algunas resoluciones judiciales dejaran en libertad a militares y policías procesados, lo que genera temor de que los casos terminen en la impunidad.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, fue categórica al afirmar que estas recomendaciones no están dirigidas a un solo órgano, sino que comprometen al Estado en su conjunto. “Se exige voluntad real para garantizar que las víctimas tengan acceso a procesos justos y efectivos. El país no puede retroceder en su búsqueda de justicia”, señaló durante una entrevista difundida por medios estatales.
Los informes internacionales, elaborados tras la presencia en Bolivia de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fueron el punto de partida para abrir los procesos judiciales. Dichos documentos establecieron responsabilidades y recomendaron que el Estado avance en la investigación y sanción de los responsables de los hechos.
Sin embargo, los avances se han visto truncados. El traslado de los juicios contra la expresidenta Jeanine Áñez a la vía de responsabilidades y la anulación de actuaciones judiciales previas representan, según los organismos internacionales, un retroceso que puede dejar sin justicia a las víctimas y a sus familias.
Saravia advirtió que, si Bolivia no cumple con los compromisos asumidos, el caso podría escalar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De darse ese escenario, el país no solo enfrentaría sanciones, sino que podría ser condenado al pago de indemnizaciones a los afectados.
Las familias, mientras tanto, mantienen su reclamo vivo en calles, plazas y audiencias. Para ellas, los informes de la CIDH y la ONU son un respaldo fundamental, pues consideran que sin la vigilancia internacional el riesgo de olvido es mayor. Cada retraso en los procesos judiciales alimenta la desconfianza hacia las instituciones nacionales.
La advertencia de la CIDH y de la ONU fue clara: anular lo avanzado debilita la confianza en la justicia y erosiona la esperanza de reparación. Ambos organismos recordaron que la impunidad es incompatible con el respeto a los derechos humanos y que el Estado debe garantizar que hechos tan graves no queden sin sanción.
En este contexto, Bolivia se encuentra ante una disyuntiva crucial. Cumplir con los compromisos internacionales y con su pueblo significará sentar un precedente positivo en la defensa de los derechos humanos. No hacerlo abrirá la puerta a nuevas condenas, tanto dentro como fuera del país, y consolidará la percepción de que la justicia no es capaz de proteger a los más vulnerables.