YPFB FRENÓ CONTROL DE COMBUSTIBLES Y SOSTIENE RELATOS OPUESTOS

La estatal canceló un proceso esencial de inspección, evitó ejecutar garantías contractuales y difundió comunicados incompatibles, mientras usuarios enfrentan daños mecánicos por gasolina oficialmente certificada sin sanciones ni auditorías técnicas.

La suspensión del proceso de control de calidad de combustibles en YPFB expuso una secuencia administrativa que cerró filas sobre procedimientos y dejó sin respuesta a miles de usuarios afectados por fallas mecánicas asociadas a la gasolina distribuida en el país. La medida no se apoyó en evaluaciones técnicas del producto, sino en ajustes normativos que permitieron clausurar el trámite sin consecuencias contractuales.
La presidencia de la estatal, encabezada por Yussef Akly, sostuvo que el proceso no llegó a adjudicarse y que se detectaron inconsistencias en las ofertas presentadas. Bajo ese argumento, se dispuso la cancelación y el relanzamiento futuro del servicio conforme a normas internas. La explicación pública se concentró en plazos, informes y correcciones administrativas, sin vincular la decisión con los daños ya registrados en vehículos.
Los documentos internos muestran que la base legal utilizada fue el Decreto Supremo 5516, que modificó reglas de contratación pública. Esa vía permitió dar por terminado el proceso de selección sin activar mecanismos de protección del Estado, aun cuando el servicio estaba destinado a certificar calidad y cantidad de combustibles en plantas estratégicas de YPFB.
El antecedente central es el contrato por Bs 8.892.252 adjudicado a Camin Cargo Control Argentina S.A. Sucursal Bolivia, para inspeccionar carburantes en 45 plantas durante la gestión 2026. El acuerdo establecía una boleta de garantía del siete por ciento del monto contractual, diseñada para responder ante incumplimientos o perjuicios. Ese resguardo no fue ejecutado.
Durante el periodo cubierto por la inspección, talleres y usuarios reportaron daños en motores, inyectores y sistemas de alimentación. Pese a esos reportes, no se emitieron alertas técnicas ni se dispusieron controles extraordinarios. La certificación de calidad se mantuvo vigente, y el combustible continuó en circulación.
La cancelación del proceso evitó pronunciarse sobre responsabilidades. No hubo sanciones contractuales, auditorías técnicas ni procesos administrativos orientados a establecer fallas en la cadena de control. La resolución se limitó a justificar ajustes en especificaciones del servicio y a señalar que no existían garantías ejecutables por no haberse llegado a una nueva adjudicación.
La gestión comunicacional profundizó la confusión. En un primer comunicado, YPFB afirmó que Camin Cargo Control Argentina certificó que la Gasolina Especial Plus cumplía las especificaciones técnicas, tras muestreos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El mensaje oficial destacó una respuesta inmediata ante inquietudes ciudadanas.
Días después, otro pronunciamiento negó la existencia de una contratación millonaria, aclarando que solo se trató de un proceso de invitación internacional publicado en diciembre de 2025 y que no fue adjudicado. Posteriormente, un nuevo comunicado reconoció que el proceso fue terminado en febrero de 2026 por la necesidad de ajustes técnicos, insistiendo en que no se firmó contrato ni se constituyeron garantías en esa etapa.
En paralelo, YPFB informó que el contrato vigente con la inspectora fue suscrito en la gestión anterior, bajo la presidencia de Armin Dorgathen, y que mantiene validez hasta su vencimiento. Ese mismo contrato corresponde a la empresa que certificó el combustible cuestionado por los usuarios.
La secuencia de decisiones dejó un saldo concreto: el Estado no ejecutó garantías, no estableció responsabilidades y no activó controles correctivos, mientras los ciudadanos asumieron costos de reparación. La estatal sostuvo versiones distintas según el momento, apoyadas en formalidades administrativas, sin abordar el impacto directo de una gasolina que fue certificada, distribuida y defendida oficialmente, pese a los daños comprobados.