La estatal admite fallas internas, apunta a su subsidiaria logística y sostiene despacho normal, pese a daños comprobados en vehículos, reclamos ciudadanos, investigaciones abiertas y ausencia de informes públicos concluyentes.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos difundió una segunda versión oficial sobre la crisis por combustible de mala calidad que impactó en miles de motorizados del país. El eje del nuevo relato vuelve a ubicar la responsabilidad en YPFB Logística, unidad encargada del control, almacenamiento y despacho, sin que hasta ahora exista un informe técnico público que excluya a la empresa matriz del problema mientras la comercialización continúa en estaciones de servicio.
La explicación fue expuesta por autoridades del sector en entrevistas radiales y comunicados institucionales verificados, donde se reconoció que los mecanismos de control no evitaron la salida al mercado de gasolina que terminó afectando sistemas de inyección, filtros y bombas. La estatal sostuvo que la cadena de verificación dependía de su subsidiaria logística y que allí se concentrará la investigación administrativa y técnica.
Desde el Ministerio de Hidrocarburos se ratificó que los procedimientos internos debían detectar cualquier alteración antes del despacho. Según la versión oficial, la mezcla distribuida cumplía parámetros formales de laboratorio, pero la presencia de residuos acumulados en infraestructura antigua habría degradado el producto final. Esta afirmación se respalda en reportes internos que identificaron tanques con material contaminante, los cuales, de acuerdo con la autoridad, ya fueron retirados del sistema.
En talleres mecánicos de Santa Cruz y Beni, la situación tuvo rostro concreto. Conductores de transporte público, repartidores y trabajadores independientes relataron paralización de actividades, gastos imprevistos y pérdida de ingresos diarios. Asociaciones del rubro automotor confirmaron un aumento inusual de reparaciones vinculadas al combustible, información que coincide con los reclamos presentados ante estaciones de servicio y oficinas de defensa del consumidor.
La nueva versión oficial también incluyó una admisión poco frecuente: YPFB mantiene una estructura cercana a cinco mil funcionarios, con prácticas internas que no siempre priorizaron respuestas técnicas rápidas. Esta declaración, registrada en medios nacionales, abrió la posibilidad de fallas operativas graves dentro de la cadena logística. Desde el Gobierno no se descartó que existan responsabilidades individuales por omisiones en los controles.
Otro elemento incorporado fue el tiempo que tomó identificar el origen del problema. Durante los primeros días, las fallas en vehículos fueron tratadas como episodios aislados. Recién tras la acumulación de denuncias se activaron revisiones más amplias en centros de almacenaje y distribución. Esa demora, reconocida por autoridades, incrementó el alcance del daño.
Mientras tanto, la venta de carburantes no se interrumpió. YPFB aseguró que el suministro actual es seguro y que los ajustes realizados permiten cargar sin riesgo. Sin embargo, no se difundieron certificaciones independientes ni resultados de auditorías externas que respalden esa afirmación. La ausencia de esos documentos mantiene la preocupación entre usuarios que ya asumieron costos directos.