El fallo judicial cierra un proceso iniciado en 2020 y deja cinco exfuncionarios absueltos.

El Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25, dependiente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió una sentencia condenatoria contra dos exfuncionarios implicados en la compra con sobreprecio de 500 respiradores fabricados en China, adquiridos durante la primera ola de la pandemia de coronavirus en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez.

El exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Juan Carlos Arraya Tejada, recibió la pena más alta: ocho años de privación de libertad. Por su parte, Eduardo Díaz Pizarro fue sentenciado a dos años de reclusión. Ambos fueron hallados responsables de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

La misma resolución absolvió a cinco exfuncionarios que enfrentaban el mismo proceso: Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, calificó la decisión como un paso importante para cerrar un caso abierto desde hace casi cinco años. “Ha finalizado todo lo que implica la etapa del juicio oral, público y contradictorio. El señor Arraya fue condenado a ocho años y Díaz a dos años de prisión”, señaló.

Condori adelantó que, en el caso de las absoluciones, la Procuraduría presentará el recurso legal correspondiente. También resaltó que la adquisición irregular causó un daño económico superior a los seis millones de dólares al Estado boliviano.

En octubre de 2023, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra los procesados, sustentada en 38 pruebas testificales y 53 documentales reunidas durante la etapa preparatoria. Entre estas se encontraba el dictamen pericial de auditoría forense que identificó irregularidades en el proceso de adquisición, así como informes técnicos que evidenciaron que los respiradores no cumplían con las características ofertadas por el proveedor.

Una evaluación técnica especializada estableció que los equipos no eran aptos para el uso en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ni para atender a pacientes en estado crítico por Covid-19. El análisis incluyó pruebas de funcionalidad y revisión de componentes, determinando que los dispositivos no reunían las condiciones mínimas para su aplicación en casos graves.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrián Barrientos, explicó que los respiradores fueron comprados a un precio unitario de 30.000 dólares, cuando su valor en el mercado no superaba los 8.900 dólares. Este margen de diferencia configuró el presunto sobreprecio y el perjuicio económico investigado por el Ministerio Público.

El caso de los “respiradores chinos” fue uno de los episodios más polémicos de la gestión transitoria de Áñez. La investigación revisó documentación de compra, contratos, órdenes de adquisición, dictámenes periciales y testimonios de técnicos y funcionarios que participaron en el proceso. Las pruebas establecieron que no se cumplieron procedimientos de control de calidad ni verificación de especificaciones técnicas antes de la adquisición.