Las largas colas de vehículos y la incertidumbre en los surtidores contrastan con la celeridad del trámite diplomático. El gobierno flexibiliza las reglas para las embajadas en medio del desabastecimiento generalizado, una decisión calculada que busca preservar las relaciones exteriores sin mover un solo litro del circuito oficial de distribución interna.

El Ejecutivo publicó dos normas que permiten la importación directa de carburantes para misiones extranjeras y habilitan puntos de venta móviles para hospitales y cuarteles, al tiempo que la población sigue soportando restricciones severas en el acceso a gasolina y diésel.
La Paz. — Mientras la crisis de combustibles se agudiza en las principales urbes del país, el Gobierno nacional puso en vigencia dos instrumentos normativos que, bajo el argumento de preservar servicios estratégicos y relaciones internacionales, modifican sustancialmente el esquema de distribución de carburantes. Los decretos supremos 5634 y 5635, fechados el 19 de junio y rubricados por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, entraron en vigor con mecanismos que exceptúan del racionamiento a la diplomacia extranjera y a las instituciones que garantizan servicios sensibles para la población.
La decisión gubernamental llega en un momento de alta tensión social, cuando los bloqueos de carreteras y las protestas de sectores del transporte han reducido drásticamente el flujo de combustible hacia las estaciones de servicio. En ese escenario, el Decreto Supremo 5635 establece que las misiones diplomáticas, misiones especiales, consulados y organismos internacionales podrán importar combustibles líquidos para su propio consumo, sin depender de los canales oficiales que actualmente administra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el mercado interno.
El texto legal invoca los artículos 360 y 361 de la Constitución Política del Estado, que definen la política de hidrocarburos y otorgan a YPFB el control de la cadena productiva, pero introduce una excepción fundamentada en «conflictos sociales que afectan el normal abastecimiento». Los legisladores de la oposición consultados por este medio observaron que la norma vacía de contenido el monopolio estatal sobre la comercialización de carburantes, al permitir que entidades extranjeras eludan el sistema de distribución controlado por el Estado.
El procedimiento diseñado para las misiones diplomáticas reduce al mínimo los requisitos burocráticos. Las embajadas solo deben presentar una declaración jurada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir de ahí, es la Cancillería la que tramita las autorizaciones ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y el Viceministerio de Defensa Social, cuando corresponda. Una vez obtenidos los permisos, la importación se concreta con la presentación de factura comercial, parte de recepción y las autorizaciones pertinentes en la aduana.
La disposición final del decreto 5635 establece que los carburantes importados bajo esta modalidad estarán exentos de tributos de importación, en aplicación de tratados internacionales que garantizan privilegios diplomáticos. Fuentes cercanas a la Cancillería indicaron que la medida fue consensuada previamente con las representaciones diplomáticas más afectadas por la escasez, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores no emitió declaraciones oficiales hasta el cierre de esta edición.
En paralelo, el Decreto Supremo 5634 crea un andamiaje legal paralelo para garantizar el funcionamiento de las instituciones de primera línea. La norma define como «Primera Línea» a todas aquellas entidades públicas y privadas vinculadas a salud, atención de emergencias, gestión de residuos sólidos, agua potable, energía, seguridad y defensa del Estado. Este sector prioritario podrá acceder a combustible a través de «puntos de venta móvil», cisternas habilitadas por YPFB que se desplegarán en todo el territorio nacional.
La estrategia gubernamental apunta a evitar que la crisis logística colapse los hospitales y los cuarteles, que dependen del combustible para mantener operativos sus generadores eléctricos, ambulancias y patrullas. Las instituciones de primera línea podrán retirar hasta 4.999 litros por operación desde las plantas de almacenaje, un volumen que supera ampliamente los límites impuestos a los consumidores particulares.
El Ente Regulador, a través de la ANH, deberá emitir en los próximos tres días hábiles una resolución administrativa que reglamente la zonificación y los volúmenes de comercialización para bidones, tambores y otros envases. La población general, mientras tanto, permanece sujeta a un límite de cinco litros diarios y 120 litros mensuales, con una restricción adicional de 50 litros mensuales en zonas fronterizas, para prevenir el desvío y el acopio indebido.
La derogación del Artículo 4 del Decreto Supremo 5313, que regía aspectos anteriores sobre la comercialización de combustibles envasados, deja sin efecto las disposiciones previas y otorga un marco renovado a la ANH para establecer criterios técnicos de abastecimiento, demanda y condiciones de seguridad. La determinación de las zonas y volúmenes se realizará mediante resolución administrativa, que deberá ponderar factores como la disponibilidad de combustible y los niveles de demanda en cada región.
Los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo; de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Lupo; y de Hidrocarburos y Energías, Marco Antonio Oviedo Huerta, firmaron los documentos junto al presidente Paz Pereira. El ministro proyectista, Carlos Pedro Marcelo Blanco Quintanilla, y el resto del gabinete, compuesto por las carteras de Justicia, Defensa, Salud, Minería, Planificación, Trabajo, Desarrollo Productivo, Obras Públicas, Culturas, Medio Ambiente y la Presidencia, estamparon sus rúbricas al pie de los decretos.
El gobierno nacional justificó la emisión de ambas normas en el marco de la reciprocidad, solidaridad y cooperación internacional, aunque la ciudadanía sigue esperando una solución estructural para el desabastecimiento que afecta a todo el país. Las estaciones de servicio de las principales ciudades reportaron el sábado un suministro intermitente, con filas de vehículos que se extienden por varias cuadras y conductores que pernoctan en sus automóviles esperando poder cargar combustible.
Los decretos, al crear canales de distribución paralelos, revelan la profundidad de la crisis logística que enfrenta el Estado, que se ve forzado a garantizar el abastecimiento de sectores estratégicos mediante mecanismos que antes se reservaban para emergencias sanitarias o catástrofes naturales. La medida, aunque legalmente fundada, expone las fracturas del sistema de distribución de hidrocarburos y las dificultades del Ejecutivo para mantener el control sobre un mercado que se desmorona por los conflictos sociales y la escasez de divisas.
Los organismos internacionales acreditados en Bolivia, incluidos los cuerpos consulares de países vecinos y las misiones de cooperación multilateral, recibirán la comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores en los próximos días. Las embajadas, por su parte, ya comenzaron a evaluar la logística necesaria para concretar las importaciones, aunque las condiciones de transporte y almacenamiento en el país añaden un nivel de complejidad que no resuelve el simple permiso administrativo.
La cancillería, a través de sus canales diplomáticos, deberá coordinar con las misiones extranjeras la implementación del decreto, mientras el gobierno local se enfrenta a las críticas de quienes consideran que la medida favorece a entidades extranjeras en perjuicio de los bolivianos que enfrentan el racionamiento desde hace semanas. El silencio oficial sobre el impacto cuantitativo de la medida —cuántos litros podrán importar las misiones y qué porcentaje del déficit total representa— añade un manto de incertidumbre sobre la verdadera magnitud de esta excepción diplomática.