La CEPB respalda la eliminación de subvenciones a combustibles para equilibrar finanzas públicas, pero advierte que el aumento del salario mínimo afecta gravemente a mipymes y empleo formal.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un pronunciamiento oficial respecto al paquete de medidas económicas dictado por el presidente Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5503, que ya se percibe con impacto en todo el país. La organización empresarial adoptó una posición dual: apoyo al gasolinazo y rechazo al aumento del salario mínimo nacional.

En su comunicado, la CEPB indicó que la medida de retirar la subvención a los combustibles responde a la necesidad de reducir el déficit fiscal, ordenar las finanzas públicas y controlar el contrabando de carburantes, una práctica que afecta directamente a la economía nacional. La entidad reconoció que la subida inmediata de los precios de los combustibles genera efectos complejos en la actividad productiva, pero señaló que se trata de una acción necesaria para evitar un deterioro económico mayor.

El pronunciamiento también destacó otras disposiciones del Decreto Supremo 5503, calificándolas como una base para la recuperación y reactivación de la economía. Sin embargo, el empresariado enfatizó que estas medidas deben complementarse con acciones administrativas y normativas que eliminen barreras a los sectores productivos y generen resultados sostenibles a mediano plazo.

En contraste, la CEPB manifestó preocupación por el incremento del salario mínimo nacional, fijado en 3.300 bolivianos tras un aumento del 20%. Según la Confederación, esta decisión tomada de manera unilateral tendrá impactos negativos significativos en la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en la generación y sostenibilidad del empleo formal en todo el país.

El comunicado exhortó a las organizaciones de la sociedad a actuar con cautela y responsabilidad, advirtiendo que un manejo apresurado del contexto económico podría profundizar la crisis. Asimismo, la CEPB recordó que las medidas estructurales son indispensables, pero deben aplicarse de manera equilibrada para evitar sobrecargar a los sectores productivos.

Además, la Confederación destacó que la crisis económica tiene responsables específicos y que la impunidad no puede prevalecer. Por ello, instó a las instituciones públicas a acelerar las acciones legales pertinentes y a garantizar que las decisiones del Estado se ajusten al marco legal vigente.

Finalmente, la CEPB subrayó que las consecuencias de la coyuntura económica no deben recaer únicamente sobre la ciudadanía. Reiteró la necesidad de que el sector político y los funcionarios públicos den señales claras de prudencia, responsabilidad y capacidad de gestión, en un contexto donde las decisiones del Ejecutivo ya se sienten de manera contundente en hogares, mercados y empresas de todo el país.