La justicia determinó la reclusión preventiva del exministro en el penal paceño mientras la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en un proyecto vial, tras audiencia cautelar que evaluó riesgos procesales presentados
Un juez cautelar dispuso este domingo cuatro meses de detención preventiva para el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, medida que deberá cumplir en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. La resolución fue asumida tras una audiencia que se prolongó por más de tres horas, de acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales.
Durante la sesión, la Fiscalía presentó los elementos que sustentan la investigación abierta contra la exautoridad. El Ministerio Público había solicitado inicialmente seis meses de reclusión preventiva; sin embargo, el juez resolvió fijar un plazo menor tras valorar los argumentos de la defensa y de la parte acusadora. El abogado de Montaño, Edwin Lenis, informó a medios de comunicación que la determinación fue notificada oficialmente al cierre de la audiencia.
Montaño es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Estos cargos están relacionados con la ejecución de la doble vía El Sillar, proyecto carretero estratégico que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Según la imputación formal presentada por la Fiscalía, el presunto daño económico ocasionado al Estado superaría los 2,4 millones de dólares, cifra que se encuentra en proceso de verificación mediante peritajes técnicos y revisión documental.
El exministro fue aprehendido el pasado viernes en la ciudad de Santa Cruz, en cumplimiento de una orden emitida por autoridades competentes. Posteriormente, fue trasladado hasta la sede de gobierno para presentarse ante el juez cautelar. Tras su comparecencia, se dispuso su traslado al penal de San Pedro como medida para asegurar su presencia en el proceso penal.
Desde el Ministerio Público se explicó que la detención preventiva responde a la existencia de riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y la eventual obstaculización de la investigación. Los fiscales señalaron que aún restan diligencias importantes, como la toma de declaraciones a funcionarios involucrados y la recopilación de informes técnicos sobre la ejecución del proyecto vial.
