El vicepresidente sostiene que un fallo constitucional favorece a autoridades al ordenar borrar sus declaraciones, y afirma que el proceso tuvo irregularidades que limitaron su defensa y derecho a denunciar.

El vicepresidente Edmand Lara aseguró que la resolución constitucional que le ordena retirar declaraciones públicas sobre presuntos hechos de corrupción no busca proteger derechos fundamentales, sino frenar sus denuncias. Según manifestó, la acción judicial se estaría utilizando como un mecanismo para impedir que continúe difundiendo información que, afirma, es de interés público.

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz otorgó tutela a favor del ministro Oscar Mario Justiniano y de su hermano, quienes argumentaron vulneración a su privacidad y reputación por afirmaciones realizadas por Lara en espacios digitales. El fallo dispone que se eliminen publicaciones donde se los menciona y establece que se oficie a plataformas digitales para restringir la circulación de ese contenido. También instruye a la Vicepresidencia aplicar lineamientos internos para la emisión de declaraciones oficiales.

Tras conocerse la decisión, Lara declaró que la medida judicial coincide con el momento en que venía exponiendo supuestos vínculos y hechos que, según su versión, comprometen a funcionarios públicos. “Quieren que deje de hablar. Quieren que no siga denunciando”, sostuvo en un mensaje difundido por redes sociales, donde defendió la veracidad de la información que dice poseer.

La autoridad afirmó que cuenta con material que respalda sus declaraciones, entre ellos un audio que —según indicó— ya fue mencionado públicamente. Insistió en que su actuación responde a la obligación de informar sobre hechos que considera relevantes para la ciudadanía, y remarcó que no ha reconocido haber difundido datos falsos.

Lara también cuestionó el desarrollo de la audiencia constitucional. Indicó que la sesión virtual comenzó con retraso y que, después de un cuarto intermedio, él y su equipo jurídico no pudieron reingresar a la plataforma digital. Señaló que la explicación posterior fue una supuesta falla técnica, pero aseguró que esa situación afectó su derecho a la defensa.