El Legislativo aprobó su remoción por amplia mayoría tras investigaciones fiscales por presuntas irregularidades. La decisión lo aparta también de la jefatura parlamentaria y activa un nuevo relevo en el Ejecutivo.

La tarde del 17 de febrero, el Congreso de la República del Perú votó la destitución de José Jerí, quien ocupaba la Presidencia de manera interina desde octubre. El registro oficial consignó 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La resolución implica su separación inmediata del cargo y la pérdida automática de la encargatura del Ejecutivo.
Jerí había asumido el mando tras la salida de Dina Boluarte, en aplicación del orden sucesorio previsto por la Constitución, al desempeñarse entonces como presidente del Parlamento. Su gestión se extendió por cuatro meses, periodo en el que el Ministerio Público confirmó la apertura de diligencias preliminares por reuniones sostenidas con empresarios vinculados a contrataciones estatales y por designaciones administrativas que generaron cuestionamientos internos.
Las investigaciones fiscales, informadas oficialmente, motivaron la presentación de mociones formales dentro del Legislativo. Las bancadas que impulsaron la medida argumentaron la necesidad de preservar la institucionalidad frente a hechos bajo indagación. La votación nominal quedó registrada en el acta parlamentaria y fue transmitida por los canales oficiales.
Con esta decisión, el país suma su octavo cambio de jefe de Estado en diez años. La sucesión se produce a pocas semanas de las elecciones generales convocadas para renovar autoridades nacionales, lo que incrementa la tensión política en un escenario ya marcado por continuas transiciones.
Tras la remoción, el Congreso quedó obligado a elegir a un nuevo titular. El parlamentario Fernando Rospigliosi informó que se convocó a sesión plenaria para designar a la próxima autoridad legislativa, quien asumirá provisionalmente la Presidencia de la República conforme a la normativa vigente.
En las horas previas a la votación, varios legisladores hicieron públicas sus críticas a declaraciones del embajador de Estados Unidos en Lima, a quien atribuyeron advertencias sobre posibles repercusiones ante una eventual vacancia. Las expresiones generaron pronunciamientos formales de rechazo dentro del hemiciclo.