La autoridad verificó personalmente la situación de los trabajadores detenidos y expresó preocupación por los procedimientos aplicados durante su intervención, en medio de cuestionamientos sobre el respeto a las garantías constitucionales.

La aprehensión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) generó una inmediata reacción de la Vicepresidencia del Estado. La noche del domingo, el vicepresidente Edman Lara Montaño se trasladó hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), acompañado por legisladores nacionales, para constatar las condiciones en las que permanecían los representantes sindicales y verificar que se respetaran sus derechos constitucionales.
La presencia de la autoridad se produjo después de que se conocieran denuncias relacionadas con la forma en que fueron interceptados los dirigentes. Según la información difundida por la Vicepresidencia, las intervenciones se realizaron mientras los afectados transitaban por espacios públicos y sin que existieran elementos que permitieran establecer una situación de flagrancia.
El caso adquirió relevancia debido a los cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados por los efectivos encargados de la operación. De acuerdo con el pronunciamiento institucional, varios policías actuaron con el rostro cubierto, situación que provocó preocupación respecto a la transparencia y legalidad de las acciones ejecutadas.
Durante la visita a la FELCC, Lara verificó el estado de los aprehendidos y solicitó información sobre el desarrollo de las investigaciones. La autoridad remarcó que toda actuación estatal debe ajustarse a la Constitución Política del Estado y a las normas vigentes, garantizando plenamente el derecho a la defensa y el cumplimiento del debido proceso.
Desde la Vicepresidencia se recordó que el respeto a las garantías constitucionales no puede quedar subordinado a ninguna investigación. Por el contrario, se señaló que la legitimidad de cualquier actuación institucional depende precisamente del cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos por la ley.
La institución expresó además inquietud por versiones que señalan el empleo de agentes químicos durante los operativos y por las denuncias relacionadas con el uso de personal encapuchado. Estos elementos, según el pronunciamiento oficial, merecen ser esclarecidos para determinar si las actuaciones se realizaron dentro de los parámetros legales que rigen el trabajo policial.
“Bolivia no puede retornar a prácticas asociadas a detenciones arbitrarias ni a procedimientos que vulneren derechos fundamentales”, señala parte del comunicado emitido por la Vicepresidencia, documento en el que también se insta a que todas las investigaciones sean desarrolladas con absoluto respeto a las garantías constitucionales.