La principal organización sindical del país declaró emergencia nacional tras la detención de cinco de sus representantes, un hecho que, según denuncia, estuvo marcado por violencia, irregularidades y ausencia de garantías.

La Central Obrera Boliviana (COB) elevó una denuncia pública contra la aprehensión de cinco de sus dirigentes nacionales y calificó el procedimiento como una acción ejecutada al margen de la ley. La organización sostiene que sus representantes fueron reducidos y trasladados por personas que no exhibieron documentación oficial ni mostraron una orden judicial que justificara la intervención.
De acuerdo con el reporte difundido por la entidad matriz de los trabajadores, el hecho ocurrió el 7 de junio cuando los dirigentes se desplazaban en un vehículo particular. La denuncia señala que varios individuos vestidos de civil y con el rostro cubierto interceptaron el motorizado. Según la versión de la COB, durante el operativo se utilizó gas lacrimógeno dentro del automóvil para obligar a los ocupantes a abandonar el vehículo.
La organización sindical afirmó que, tras la intervención, los cinco dirigentes fueron conducidos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Sostiene además que hasta el momento no se presentó un informe policial que explique las circunstancias de la detención ni los fundamentos legales que la respaldan.
En un pronunciamiento dirigido al pueblo boliviano y a organismos internacionales, la COB manifestó que la medida vulnera derechos constitucionales vinculados a la libertad personal, la integridad física, el debido proceso y la actividad sindical.
Asimismo, expresó preocupación por la difusión de registros audiovisuales que circulan en plataformas digitales y que, de confirmarse su autenticidad, podrían evidenciar presuntos actos de maltrato contra los detenidos. La entidad pidió que esos materiales sean investigados por instancias competentes.
La organización exigió la liberación de los cinco dirigentes y solicitó la intervención del Defensor del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. También demandó la identificación de quienes participaron en el operativo y de las autoridades que lo ordenaron.