El TSJ anuncia medidas de presión por crisis presupuestaria, el Gobierno cuestiona el paro judicial y Vicepresidencia activa una mesa de diálogo.

Las máximas autoridades judiciales reclaman atención financiera urgente, mientras el Ejecutivo advierte sobre los efectos de suspender el servicio de justicia en Bolivia.
La crisis económica que enfrenta el Órgano Judicial abrió una disputa entre las autoridades de justicia y el Gobierno, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunciara un paro escalonado que podría convertirse en indefinido si no reciben respuesta a sus demandas. Los magistrados sostienen que la falta de recursos afecta el funcionamiento cotidiano de los tribunales, mientras el Ejecutivo considera que una suspensión de actividades no es una solución para resolver los problemas acumulados.
La decisión fue asumida durante una reunión de emergencia en Sucre, donde participaron representantes del Tribunal Supremo de Justicia, los nueve tribunales departamentales, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. En la cita, las autoridades judiciales resolvieron exigir una reunión con el presidente Rodrigo Paz y plantear la necesidad de incrementar los recursos destinados al sistema judicial.
El reclamo se centra en que el presupuesto asignado al Órgano Judicial no cubre las necesidades mínimas de funcionamiento. Los magistrados aseguran que la situación llegó a un punto crítico y que la falta de financiamiento afecta desde la compra de materiales básicos hasta los planes de modernización tecnológica.
TRIBUNALES DENUNCIAN UNA CRISIS OPERATIVA
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que la primera medida anunciada será un paro de 24 horas, pero dejó abierta la posibilidad de ampliar la protesta con suspensiones de 48 y 72 horas hasta llegar a una paralización indefinida.
Saucedo afirmó que la justicia necesita una respuesta institucional y cuestionó que las autoridades judiciales no sean escuchadas pese a la responsabilidad que tienen dentro del Estado.
“Si no somos atendidos iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48, 72 y, si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado”, señaló.
El magistrado Carlos Ortega reforzó esa posición al describir las dificultades internas que atraviesa la administración judicial. Aseguró que existen problemas para cubrir necesidades básicas y que la falta de presupuesto afecta el trabajo diario de jueces y funcionarios.
“No tenemos ni para comprar tóner y papel”, manifestó Ortega, al señalar que la situación exige una respuesta del Ejecutivo y del Legislativo.
Desde la visión del Órgano Judicial, el problema no se limita a un aumento presupuestario, sino también a garantizar condiciones que permitan mejorar la atención a la población y fortalecer la independencia institucional.
EJECUTIVO RECHAZA PARALIZACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
La advertencia del TSJ generó una respuesta inmediata desde el Gobierno. El vocero presidencial José Luis Gálvez cuestionó el anuncio y afirmó que una medida de esa naturaleza perjudicaría directamente a los ciudadanos que dependen de los tribunales.
Gálvez calificó como “inaudito” y “reprochable” que las máximas autoridades judiciales consideren detener la administración de justicia como mecanismo de presión.
El funcionario explicó que el país atraviesa restricciones económicas y que el Estado debe revisar sus prioridades antes de asumir nuevos compromisos financieros.
Sostuvo que la situación económica obliga a administrar con cuidado los recursos públicos, aunque aclaró que existe disposición para recibir las solicitudes del Órgano Judicial y analizar alternativas.
El Gobierno planteó que una solución no debe concentrarse únicamente en el presupuesto, sino también en cambios destinados a mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
Según la posición oficial, el servicio de justicia no puede quedar interrumpido por una disputa institucional, debido al impacto que tendría en miles de procesos y ciudadanos.
VICEPRESIDENCIA CONVOCA A REUNIÓN DE EMERGENCIA
Ante la tensión entre ambas instancias del Estado, la Vicepresidencia convocó a una reunión interinstitucional para buscar una salida antes de que se ejecuten las medidas anunciadas.
El vicepresidente Edmand Lara Montaño, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, llamó a participar a las principales autoridades judiciales y representantes políticos.
La reunión contará con la presencia del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, además de los presidentes de las cámaras legislativas y jefes de bancada.
La agenda contempla revisar proyectos planteados por el Órgano Judicial, entre ellos normas relacionadas con financiamiento para modernización tecnológica, independencia presupuestaria y la elección de nuevas autoridades judiciales.
La Vicepresidencia señaló que la justicia requiere una coordinación entre instituciones y que es necesario establecer una ruta de trabajo para evitar que el conflicto termine afectando la atención a la población.
El llamado al diálogo aparece como una alternativa para evitar una paralización nacional de los tribunales. Mientras el Órgano Judicial insiste en que necesita recursos urgentes para continuar funcionando, el Gobierno sostiene que la solución debe construirse mediante acuerdos y una revisión completa de las necesidades del sistema judicial.
La próxima reunión será clave para determinar si las partes logran acercar posiciones o si finalmente se inicia un proceso de medidas de presión que podría afectar la administración de justicia en todo el país.