Un exfuncionario de la Aduana en Arica afirma haber recibido instrucciones para permitir ingreso de contrabando; la institución rechaza el informe, cuestiona su validez y anuncia acciones legales.

La Aduana Nacional enfrenta un nuevo episodio de cuestionamientos tras la difusión de un informe interno elaborado por un exencargado de la Agencia Exterior en Arica, donde se describen supuestas presiones para facilitar el ingreso de mercadería de contrabando. El caso involucra a Nelson Bernardo Ignacio Rivera Michel, quien sostiene que recibió llamadas de superiores con instrucciones irregulares y que, tras negarse, fue retirado de su cargo.
El documento, de carácter interno según su autor, fue remitido a instancias de la institución en Oruro y dirigido a la presidencia de la Aduana Nacional. En paralelo, la entidad estatal rechazó el contenido del informe, lo calificó como carente de validez administrativa y anunció una denuncia por presunta falsificación y uso indebido de sistemas informáticos.
DOCUMENTO INTERNO Y OBSERVACIONES OPERATIVAS
El informe atribuido a Rivera describe una serie de problemas en el funcionamiento de la oficina aduanera en la frontera de Arica. Entre los puntos señalados figuran la falta de coordinación entre dependencias regionales, ausencia de respuesta a reportes internos y fallas en sistemas de vigilancia instalados en la unidad operativa.
De acuerdo con el exfuncionario, estos elementos habrían generado condiciones que facilitarían el tránsito irregular de mercancías. En su relato, también menciona la existencia de llamadas provenientes de niveles superiores para coordinar el paso de cargamentos observados en controles fronterizos.
Rivera sostiene que esas comunicaciones incluían instrucciones directas vinculadas a operaciones de contrabando y que su negativa a cumplirlas derivó en su salida del círculo de confianza de sus superiores.
El documento fue elaborado, según su versión, antes de su destitución, aunque la Aduana ha observado diferencias en las fechas registradas en su sistema interno, señalando que el informe habría sido generado después de su desvinculación.
VERSIÓN DEL EXFUNCIONARIO Y RELATO DE LLAMADAS
En declaraciones posteriores a la difusión del informe, Rivera reiteró sus afirmaciones y señaló que cuenta con elementos que respaldan lo expuesto. Según su testimonio, las instrucciones para permitir el paso de mercancía ilegal provenían de funcionarios vinculados a áreas regionales y unidades operativas.
“Directamente era el de Oruro con el UCOE de Oruro… me estaban llamando para coordinar todo eso”, indicó en una entrevista con un medio televisivo.
El exfuncionario añadió que en varias ocasiones recibió insistencia para activar operaciones relacionadas con el ingreso de mercadería sin control aduanero. Según su relato, esas solicitudes se repetían con frecuencia.
“Todas las llamadas eran para ver cuándo íbamos a empezar”, afirmó.
Rivera también aseguró que en determinado momento se intentó asignarle un rol central en la coordinación de esas supuestas operaciones, lo que implicaría, según su versión, una participación directa en el flujo de mercancías desde el punto fronterizo.
“Querían que yo sea el encargado de la coordinación del ingreso”, sostuvo.
MENCIONES A OTROS CASOS Y PREOCUPACIÓN PERSONAL
El exfuncionario amplió sus declaraciones al referirse a otros presuntos hechos irregulares que, según él, también deberían ser investigados. Entre ellos mencionó casos vinculados a combustibles y madera, sin detallar procedimientos específicos.
“Está el tema de YPFB y la gasolina, está el tema de las maderas”, señaló en la entrevista.
Rivera afirmó además que, tras reportar uno de estos hechos, recibió instrucciones para no continuar con la verificación del caso. Según su versión, un superior le habría indicado que no profundizara en la denuncia interna.
“Usted no se mete en nada de eso”, recordó que le habrían dicho.
El exagente también relató haber recibido advertencias posteriores a la difusión del informe. Estas comunicaciones, según su testimonio, contenían referencias a posibles represalias y a su entorno familiar.
“Que tenga cuidado porque tengo seres queridos”, afirmó.
Rivera indicó que estas situaciones generaron preocupación personal, aunque sostuvo que mantiene su decisión de ratificar lo denunciado.
POSICIÓN INSTITUCIONAL Y ACCIONES LEGALES
La Aduana Nacional rechazó de manera pública las acusaciones y afirmó que el documento presentado por el exfuncionario no fue ingresado oficialmente a ninguna instancia administrativa.
La entidad sostuvo que el informe carece de sellos de recepción institucional y que no existe registro formal de su ingreso en la Gerencia Regional de Oruro ni en la Presidencia Ejecutiva.
Asimismo, indicó que los registros de su sistema informático muestran una discrepancia en la fecha de creación del documento, lo que, según la institución, abre dudas sobre su origen.
En su posición oficial, la Aduana anunció el inicio de acciones legales contra Rivera por presunta falsedad documental y manipulación de sistemas internos, además de rechazar cualquier vínculo institucional con el contenido del informe.
La entidad también confirmó que el exfuncionario fue desvinculado de sus funciones en junio de 2026, en el marco de un proceso administrativo interno.
REACCIONES POLÍTICAS Y PEDIDOS DE INVESTIGACIÓN
El caso generó también reacciones externas. El coordinador departamental del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Limberg Olivera, cuestionó la destitución del exfuncionario y consideró que la denuncia debería ser investigada antes de tomar medidas contra quien la presentó.
Olivera afirmó que, si los hechos denunciados se confirman, se trataría de un problema estructural dentro de la institución aduanera. En su declaración pública, sostuvo que los funcionarios que alertan sobre posibles irregularidades no deberían ser apartados sin una verificación previa.
“Este funcionario denunció que lo llamaban para permitir el paso de un cargamento”, manifestó.
También señaló que corresponde a las autoridades competentes realizar una revisión de los procedimientos internos para determinar si existieron irregularidades administrativas o actos indebidos en la cadena de mando.