El aumento del diésel para determinados consumidores genera rechazo entre productores, transportistas y organizaciones sociales, mientras Santa Cruz analiza nuevas medidas y el Gobierno advierte con prolongar las restricciones.

La exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5676 empieza a convertirse en el principal motivo de nuevas medidas de presión de organizaciones sociales y productivas. En Santa Cruz, San Julián y entre sectores del transporte se anuncian bloqueos y movilizaciones, mientras dirigentes advierten que podrían desconocer el estado de excepción si las protestas son restringidas.
La norma, promulgada el 16 de agosto, estableció inicialmente un precio referencial de Bs 18 por litro para usuarios directos, clientes directos y grandes consumidores de diésel. Para quienes cargan normalmente combustible en sus vehículos, el Gobierno mantiene el precio de Bs 9,80, aunque el decreto contempla condiciones específicas para quienes adquieren volúmenes superiores a su consumo habitual.
El Ejecutivo sostiene que la modificación busca reducir el desvío del carburante, disminuir las filas y acercar el costo de determinados volúmenes al precio de importación. Los sectores productivos cuestionan, sin embargo, que el nuevo esquema puede elevar sus costos y afectar las actividades agrícolas.
SAN JULIÁN PREPARA UN BLOQUEO
Organizaciones sociales y productivas de San Julián, con el respaldo del alcalde Carlos Vaca, resolvieron realizar un bloqueo de carreteras de 24 horas para este miércoles.
La determinación fue adoptada durante un ampliado en el que los dirigentes expresaron su rechazo al DS 5676 y reclamaron por las dificultades que enfrentan los productores para conseguir combustible.
Uno de los puntos observados es el límite de 120 litros mensuales para quienes ingresan en la categoría de usuarios directos. Los productores consideran que ese volumen no alcanza para las labores agrícolas, especialmente durante la campaña de invierno de girasol y sorgo.
“Con 120 litros no hacemos nada en el sector productivo”, afirmó una representante durante la reunión.
Los movilizados también exigieron que funcionarios del Gobierno se trasladen hasta la zona para explicar el alcance de la disposición y plantearon la abrogación del decreto.
Vaca respaldó la posición de las organizaciones y anunció su adhesión a la medida. “Como autoridad también nos ponemos al lado del pueblo”, señaló.
El DS 5676 establece precisamente que los usuarios directos pueden adquirir desde 120 hasta 5.000 litros mensuales para consumo propio, mientras los clientes directos compran entre 5.000 y 19.999 litros y los grandes consumidores superan los 20.000 litros mensuales.
EL TRANSPORTE ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS
Las dificultades para abastecerse de diésel también mantienen en emergencia al transporte pesado.
Nelson Carrillo, primer secretario de la Federación del Transporte Pesado, denunció que los conductores deben permanecer durante periodos prolongados en las estaciones de servicio.
“Llegamos a hacer fila hasta 72 horas para cargar diésel”, afirmó.
El dirigente anticipó que el sector podría coordinar acciones con otras organizaciones y respaldar bloqueos si existe una convocatoria conjunta.
“Si nos llaman para que apoyemos, lo vamos a hacer con bloqueos, fronteras, todo”, manifestó.
La Confederación de Choferes de Bolivia también anunció protestas, aunque vinculó sus futuras acciones principalmente con el deterioro de las carreteras y la escasez de combustible.
Lucio Gómez, dirigente de esa organización, señaló que las movilizaciones se realizarán una vez que termine el actual estado de excepción.
“Por la mala calidad de las carreteras que tenemos en este momento, el transporte ha determinado que, una vez concluido el Estado de excepción, lo decimos públicamente: nos verán en las calles, estaremos protestando”, sostuvo.
Gómez remarcó que la intención del sector es reclamar condiciones para trabajar y no promover una confrontación política con el Gobierno.
CÍVICOS PONEN PLAZO AL GOBIERNO
En Santa Cruz, el Comité Cívico pro Santa Cruz también reclama la eliminación del DS 5676. El sector productivo estableció como plazo este domingo para que el Gobierno abrogue la disposición.
El primer vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, afirmó que la dirigencia considera agotado el tiempo otorgado al Ejecutivo.
“Se agotó el tiempo, ¡se acabó la paciencia!”, expresó.
Zambrana anticipó que el directorio cívico podría reunirse durante esta semana para definir si convoca a una Asamblea de la Cruceñidad. También mencionó la posibilidad de un cabildo, aunque señaló que todavía no existe una determinación definitiva sobre un paro.
El dirigente cuestionó que los ministros no hayan dado una respuesta que permita resolver el conflicto y reclamó decisiones directas del presidente.
La posición del Comité Cívico se suma a los anuncios de productores de San Julián y de organizaciones del transporte, aumentando la presión sobre el Ejecutivo para modificar o retirar el decreto.
TÚPAC KATARI EVALÚA DESCONOCER LAS RESTRICCIONES
La Federación Túpac Katari analiza movilizaciones por los problemas de abastecimiento de diésel. Su ejecutivo, Rolando Choque, confirmó que el sector todavía no definió una fecha ni una modalidad de protesta, pero no descartó que las medidas lleguen a incumplir las restricciones establecidas por el estado de excepción.
“Posiblemente vamos a movilizarnos, tal vez se va a romper el estado de excepción, pero estamos todavía en ese análisis”, declaró.
Choque también advirtió sobre un posible incremento de las protestas si la situación del combustible no encuentra una respuesta.
GOBIERNO PLANTEA PROLONGAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Las amenazas de nuevas movilizaciones coinciden con el anuncio del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sobre una eventual ampliación del estado de excepción.
La medida está vigente desde el 20 de junio por un periodo de 90 días y tiene previsto concluir el 18 de septiembre. Aramayo sostuvo que, si continúan las amenazas de bloqueos y acciones que el Gobierno considera contrarias al Estado de derecho, correspondería ampliar la medida.
La normativa establece que una ampliación excepcional requiere autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
MAGISTERIO RURAL RECHAZA UNA AMPLIACIÓN
El ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales, Juan Carlos Mamani, fijó una posición propia frente a la eventual prolongación de la medida. El dirigente anunció que el sector se opondrá a una ampliación y cuestionó las restricciones sobre los derechos ciudadanos.
“Nosotros somos respetuosos de la Constitución Política del Estado y obviamente no vamos a permitir que haya una ampliación en este estado de excepción”, afirmó.
Mamani incluso advirtió que el estado de excepción podría ser desconocido si el Gobierno decide extenderlo.
“Va a tener que romperse ¿No? También el Gobierno está yendo a ese camino”, señaló.
El dirigente explicó que cualquier acción será definida después de consultar con los representantes de distrito, núcleos y unidades educativas.
Así, mientras el Ejecutivo analiza la continuidad de una medida que vence en septiembre, distintas organizaciones preparan acciones contra el DS 5676 y vinculan sus reclamos con el abastecimiento de diésel, el costo del combustible y las condiciones para mantener sus actividades.