La protesta de los privados de libertad volvió a exponer reclamos por alimentación y traslado judicial, mientras familiares permanecen fuera del penal esperando información y respuestas oficiales.

La situación en el penal de varones Mocoví volvió a complicarse por los reclamos de los privados de libertad, quienes exigen el pago de recursos destinados a su alimentación y soluciones para el traslado a sus audiencias judiciales.
Representantes de los internos denunciaron que la Gobernación del Beni mantiene pendientes varios meses de prediarios. La Defensoría del Pueblo verificó la protesta y señaló que los privados de libertad reclamaban el pago de cuatro meses de esos recursos, además de pedir una respuesta que permita garantizar la provisión de alimentos.
FAMILIARES DENUNCIAN RESTRICCIONES
La protesta también afectó a los familiares que acudieron al recinto penitenciario. Varias personas denunciaron que no pudieron ingresar para visitar a sus parientes ni entregarles alimentos.
Una mujer que llegó para visitar a su hijo relató: “Desde ayer estamos nosotros aquí queriendo pasar (…) toditas estamos aquí esperando para poder entrar y ver a nuestras familias”. La familiar aseguró que existía preocupación porque, según lo que habían conocido, algunos internos no habrían recibido alimentación.
Otra visitante explicó que llegó desde Rurrenabaque junto con su madre para encontrarse con su hermano, pero tampoco pudo ingresar al centro penitenciario.
Durante la protesta, algunos internos rompieron rejas y superaron sectores de seguridad, situación que generó preocupación por una eventual salida del recinto. La Policía intervino para recuperar el control y utilizó agentes químicos para contener a los manifestantes.
Los internos también reclaman un vehículo que permita trasladarlos a sus audiencias judiciales, debido a que la falta de transporte estaría provocando dificultades para cumplir con esas diligencias.
Mientras la tensión permanecía dentro y en los alrededores del penal, se informó extraoficialmente sobre una reunión de autoridades en instalaciones de la Gobernación para analizar la falta de prediarios.
Hasta el cierre de la información, no se conocía un pronunciamiento público de la Gobernación del Beni que precisara el monto adeudado, las fechas previstas para el pago o las medidas adoptadas para atender el reclamo por transporte judicial.