El gobernador cochabambino cuestiona la capacidad financiera de las regiones para sostener la formación técnica, mientras el exministro atribuye la propuesta a una política de reducción del gasto público.
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, y el exministro de Educación Roberto Aguilar cuestionaron la transferencia de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones, al advertir que el cambio administrativo podría comprometer la continuidad de la educación pública y gratuita.
Loza sostuvo el domingo que la propuesta del Gobierno abre el camino a la privatización y resumió su preocupación con una frase: “La intención del Gobierno es privatizar la educación; que estudie el que tenga plata”. También calificó la iniciativa como “el inicio, la ventanita a la privatización” y aseguró que las gobernaciones no cuentan con capacidad económica suficiente para asumir nuevas obligaciones educativas.
La medida forma parte de la Agenda 50-50 impulsada por el Ejecutivo, que plantea otorgar a los gobiernos departamentales la administración de los institutos y la facultad de contratar a su personal.
AGUILAR CUESTIONA EL COSTO PARA LAS REGIONES
El exministro Roberto Aguilar advirtió que entregar mayores atribuciones administrativas a las gobernaciones no garantiza que estas dispongan de recursos suficientes para ejercerlas. “Van a tener más decisión las regiones, sí, pero van a tener menos plata las regiones”, afirmó al explicar su rechazo a la propuesta.
Aguilar vinculó el cambio con las políticas de reducción del gasto público que atribuye al Fondo Monetario Internacional (FMI). Según su análisis, los ajustes podrían repercutir en los servicios educativos, con cursos más numerosos y mayores exigencias para los maestros.
El exministro también rechazó el argumento de que los institutos públicos no tuvieron un desarrollo significativo en años anteriores. Aseguró que durante el periodo republicano se crearon 65 centros y que entre 2010 y 2019 se sumaron otros 105 institutos públicos de formación técnica y tecnológica.
LA INFRAESTRUCTURA YA DEPENDE DE LAS GOBERNACIONES
Aguilar sostuvo que las administraciones departamentales ya tienen responsabilidades sobre infraestructura y equipamiento, por lo que trasladarles también la gestión del personal ampliaría sus obligaciones. A su juicio, esa combinación puede agravar las dificultades para mantener los institutos en funcionamiento y derivar en desigualdades entre departamentos.
El Gobierno, por su parte, defiende la transferencia como parte de una política para acercar las decisiones educativas a las necesidades de cada región.
