La autoridad interina asegura que encontró una institución golpeada por hechos de corrupción, anuncia investigaciones contra antiguos funcionarios y reclama recursos para enfrentar delitos complejos.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, aseguró que inició una reestructuración del Ministerio Público después de encontrar una institución afectada por hechos de corrupción, funcionarios cuestionados y deficiencias operativas que limitan su capacidad para investigar delitos. En poco más de un mes de gestión, informó que 70 fiscales fueron apartados y advirtió que todavía existen funcionarios que deberán dejar sus cargos.
Urioste, elegido por la Asamblea Legislativa el 3 de octubre y posesionado dos días después, sostuvo que la renovación de la Fiscalía no se limita a los primeros cambios ejecutados. Según explicó, se están revisando los antecedentes y el desempeño de los funcionarios para incorporar profesionales que respondan a las exigencias del cargo.
«Se ha elegido a los mejores perfiles para fiscales», manifestó. También confirmó que otros funcionarios están bajo evaluación y que las decisiones de separación continuarán. «Prescindimos de 70 fiscales. Cada día tomamos decisiones. No descansamos en la lucha contra el crimen», afirmó.
INVESTIGACIÓN ALCANZA AL ENTORNO DE MARIACA
El fiscal interino también se refirió a las investigaciones relacionadas con la gestión de su antecesor, Roger Mariaca, quien fue suspendido definitivamente por la Asamblea Legislativa y enfrenta un proceso penal.
Urioste confirmó que existen testigos protegidos dentro de las actuaciones investigativas. Dos personas ya prestaron declaración y se espera recibir el testimonio de otras dos. La autoridad sostuvo que las pesquisas buscan establecer posibles responsabilidades dentro de la estructura institucional.
«Cortamos una cabeza y aparece otra», expresó al referirse a los funcionarios que presuntamente estarían vinculados con las irregularidades detectadas.
AUDIOS DE CERIMEDO REQUIEREN TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA
Otro de los asuntos abordados fue el caso del exasesor argentino Fernando Cerimedo, después de que circularan grabaciones que involucran presuntamente a personas del entorno gubernamental.
Urioste informó que la Fiscalía solicitó información relacionada con el teléfono celular de Cerimedo y que se conformó una comisión de fiscales para investigar las grabaciones.
La autoridad explicó que Bolivia no cuenta con determinadas herramientas tecnológicas para rastrear el origen y verificar técnicamente los audios. Estimó que se necesitan aproximadamente 450.000 dólares para adquirir un software especializado y capacitar a personal pericial.
El fiscal anunció que solicitará recursos al Ministerio de Economía para cubrir esa necesidad. Sin embargo, reconoció que la institución tiene limitaciones presupuestarias, incluso para realizar pruebas básicas.
«No tenemos reactivos para ADN, no tenemos dinero», señaló al reclamar equipamiento y recursos para fortalecer las investigaciones.
RECHAZA SER FISCAL DEL GOBIERNO
Ante los cuestionamientos que lo presentan como una autoridad cercana al Ejecutivo, Urioste rechazó esa interpretación y aseguró que su responsabilidad corresponde al Estado.
«Urioste es fiscal del Estado, no del presidente ni de los ministros», manifestó. Añadió que la instrucción institucional es investigar cualquier denuncia, independientemente de las personas involucradas, respetando el debido proceso.
Sobre los hechos de sicariato registrados en el país, indicó que el Ministerio Público trabaja coordinadamente con la Policía en las investigaciones contra organizaciones criminales y pidió precaución ante los riesgos relacionados con estas estructuras.
INVESTIGACIÓN CONTRA EVO Y GARCÍA LINERA
Urioste también confirmó que la Fiscalía comenzó las actuaciones correspondientes a la proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas.
El Tribunal Supremo de Justicia abrió la etapa preliminar y estableció un plazo de 30 días para que el Ministerio Público determine si corresponde presentar una acusación o rechazar la proposición. Ambos exmandatarios deben ser notificados.
CIERRE DE PROCESOS POR EL CASO MADERAS
Sobre las investigaciones por presunta contaminación de madera boliviana con sustancias controladas, Urioste informó que las pericias practicadas en el país dieron resultados negativos para cocaína.
El fiscal señaló que se cerraron 20 procesos contra empresas exportadoras. La Fiscalía General confirmó oficialmente que los análisis de laboratorio descartaron la presencia de cocaína y anunció el cierre progresivo de las investigaciones.
Finalmente, Urioste ratificó que no pretende prolongar su interinato más allá de los 90 días establecidos para su gestión.
«No me voy a prorrogar. El día 91, me voy a mi casa si no hay designación», afirmó.
