Jerjes Justiniano cuestionó al fiscal general interino por interpretar como una renuncia a la protección lo que, según explicó, fue únicamente un pedido para retirar la escolta policial.
La defensa de Nadia Beller lanzó duras críticas contra el fiscal general interino, José Armando Urioste, por sus declaraciones sobre la situación jurídica de su defendida. El abogado Jerjes Justiniano lo acusó de desconocer la legislación y los procedimientos penales, al interpretar que la solicitud de retirar la custodia policial significaba abandonar su condición de testigo protegido.
«Nuestro fiscal general interino cada vez demuestra su desconocimiento de la ley y de los procedimientos penales», manifestó Justiniano, quien rechazó que Beller haya pedido salir del sistema de protección del Ministerio Público.
El jurista explicó que la solicitud de su defendida tuvo un alcance específico: dejar de contar con policías asignados como escoltas permanentes. Según su versión, la presencia de los efectivos había dejado de ser una medida de resguardo y se había convertido en una vigilancia que interfería en sus actividades y su privacidad.
La defensa insistió en que retirar la custodia policial no significa renunciar a las garantías que corresponden a una persona incorporada al sistema de protección de testigos. Justiniano sostuvo que se trata de dos asuntos diferentes y cuestionó que desde la Fiscalía se presentara el pedido como una decisión de abandonar esa condición.
JUSTINIANO CUESTIONA LA INTERPRETACIÓN DE LA FISCALÍA
Uno de los argumentos centrales de la defensa es que la custodia policial estaba condicionando incluso la posibilidad de que Beller hablara públicamente. Justiniano relató que su representada quiso conceder entrevistas a algunos medios de comunicación, pero los policías que debían acompañarla no se lo permitieron.
«Ella quiso tener una entrevista con unos medios de comunicación y no la dejaron. Por lo tanto, era un perjuicio la custodia policial», declaró el abogado.
Para Justiniano, esa situación demuestra que la medida estaba generando dificultades en lugar de facilitar el desenvolvimiento de su defendida. Por eso, dijo, Beller pidió que los efectivos dejaran de actuar como sus escoltas y que su presencia no invadiera su espacio privado.
La controversia se produce después de que la Fiscalía General dispusiera retirar la custodia policial permanente mediante la resolución FGE/DPVT MMP/RES N.º 0001043/2026. El documento fue mencionado en una publicación de El País del 2 de noviembre, que recogió la denuncia de Beller sobre la continuidad del seguimiento policial pese a la disposición fiscal.
BELLER MANTIENE SU CONDICIÓN DE TESTIGO
La incorporación de Beller al sistema de protección fue comunicada por su defensa a finales de agosto, cuando Justiniano informó que el Ministerio Público había aceptado otorgarle medidas de protección para que pudiera colaborar con las investigaciones.
La abogada fue convocada a prestar declaración dentro de las investigaciones relacionadas con Fernando Cerimedo, su expareja, y había manifestado su disposición a entregar información a la Fiscalía. Su situación adquirió mayor relevancia después del ataque armado que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz.
Justiniano volvió a insistir en que el retiro de los policías no modifica la condición procesal de su representada ni significa que haya desistido de aportar información. «Lo único que ha pedido es que no le afecte ni le invada su privacidad la Policía», reiteró.
El abogado también cuestionó que el fiscal general interino haya confundido la solicitud de retirar la escolta con una renuncia a la protección como testigo, una interpretación que rechazó durante sus declaraciones públicas.
