La Confederación de Choferes de Bolivia y el Gobierno nacional acordaron instalar mesas técnicas de trabajo para atender las principales demandas del sector transporte, en un escenario marcado por un debate cada vez más intenso sobre el futuro de la subvención a los hidrocarburos, impulsado por advertencias de exautoridades y actores económicos.

Tras una reunión sostenida este martes con el presidente Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo, los dirigentes del transporte confirmaron que se conformarán comisiones conjuntas con al menos cuatro ministerios: Gobierno, Obras Públicas, Hidrocarburos y Economía. El objetivo, según los representantes del sector, es encarar de manera directa los problemas estructurales que afectan al transporte público y de carga en todo el país.

Lucio Gómez, representante de la Confederación Nacional de Choferes, explicó que el acuerdo no contempla, por ahora, la discusión sobre la subvención a los combustibles. “Este tema no se toca mientras no se socialice”, afirmó, dejando claro que la prioridad inmediata es resolver las dificultades operativas del sector, como el estado de las carreteras, los controles policiales y la provisión regular de diésel y gasolina.

Con el Ministerio de Obras Públicas, los transportistas buscarán información detallada sobre inversión vial, tramos críticos y cronogramas de mantenimiento. Con el Ministerio de Gobierno, el diálogo se enfocará en el trabajo de Diprove, Tránsito y la Policía Caminera, además de los procedimientos de control y seguridad en rutas nacionales. Con Hidrocarburos y Economía, el énfasis estará en la logística de abastecimiento y en el impacto de la política energética sobre la actividad transportista.

En paralelo al acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, la presión para eliminar la subvención a los hidrocarburos volvió a escalar. El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, calificó de “irresponsable” la continuidad del actual esquema de subsidios a la gasolina, el diésel, el gas natural y el GLP. A través de un pronunciamiento público, advirtió que mantener los precios congelados amenaza el abastecimiento futuro y podría derivar en un desorden económico de gran magnitud.

Ríos sostuvo que el actual modelo ya no garantiza estabilidad ni sostenibilidad, y alertó sobre desvíos de combustible hacia el contrabando inverso, además de una creciente presión fiscal. “La energía más cara es la que no hay”, insistió, advirtiendo que sin combustible no existe actividad productiva posible.

La Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos de Santa Cruz también se sumó a este reclamo, señalando que la brecha de precios con países vecinos estimula redes ilegales de salida de combustible. A estas voces se sumó la Cámara Nacional de Exportadores, cuyo presidente alertó que el país no puede seguir sosteniendo un gasto que, a su criterio, profundiza el déficit.