El Decreto 5516 reemplaza oficialmente al 5503, mantiene ajustes en combustibles, beneficios sociales y créditos, y se emite tras acuerdo con la COB, aunque fue elaborado solo por el Ejecutivo.

El lunes por la noche, la Gaceta Oficial publicó el Decreto Supremo 5516, que deroga formalmente el Decreto 5503 y establece medidas económicas, sociales y crediticias para el país. La norma consta de 33 artículos y cinco disposiciones transitorias, enfocándose en estabilizar los precios de productos derivados del petróleo y en regular programas de asistencia social.

La medida surge tras el acuerdo firmado el domingo entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB), que mantuvo movilizaciones de varios días solicitando la abrogación del Decreto 5503. No obstante, la dirigencia de la COB señaló que el Decreto 5516 fue elaborado únicamente por el Ejecutivo, lo que representa un incumplimiento del compromiso de trabajar conjuntamente con una comisión de representantes de los sectores movilizados.

El Decreto 5516 mantiene los precios de los combustibles fijados en la disposición anterior: la gasolina común a Bs 6,69 el litro, diésel a Bs 9,80, gasolina Premium a Bs 11, kerosene a Bs 5,54, gas oil a Bs 5,69, gasolina de aviación a Bs 10,57, jet fuel a Bs 10,74 y gas licuado de petróleo (GLP) a Bs 2,25 por kilogramo. El gas licuado destinado al mercado interno no se ve afectado por otras modificaciones.

En materia social, se conservan beneficios como el incremento del Bono Juancito Pinto a Bs 300 y la Renta Dignidad a Bs 500 para quienes no cuentan con aportes contributivos. Se incorpora además el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), orientado a transferencias monetarias extraordinarias dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad. El decreto detalla los beneficiarios y los mecanismos de pago correspondientes.

Respecto a créditos y trabajo, la norma regula el diferimiento automático de créditos según la Ley 1670, la suspensión temporal de embargos relacionados con viviendas de interés social y unidades económicas micro y pequeñas. Además, ratifica el incremento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300, el congelamiento de salarios en el sector público y la libre negociación salarial entre empleadores y trabajadores.