La dirigencia cívica dio plazo hasta el 18 de noviembre para que el Ejecutivo asegure financiamiento y cronograma de ejecución. Instituciones benianas advierten con medidas de presión si no hay una respuesta oficial.

La construcción del puente sobre el río Mamoré volvió a encender la presión regional en el Beni. Representantes cívicos, autoridades locales, parlamentarios y sectores productivos resolvieron declararse en emergencia ante la ausencia de una definición sobre el financiamiento de una obra que consideran clave para la integración departamental.
La medida fue anunciada por el presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte Arias, quien informó que las instituciones decidieron fijar como fecha límite el 18 de noviembre para conocer si el Gobierno nacional garantizará los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.
NO MÁS ESTUDIOS
Para la dirigencia beniana, el asunto central ya no pasa por nuevas evaluaciones técnicas ni por la elaboración de más documentos. Según Aponte, existen avances suficientes para que las autoridades nacionales definan de una vez el respaldo económico requerido.
“No queremos proyectos, queremos financiamiento del puente sobre el río Mamoré, ya que este es el punto de partida para construir el corredor bioceánico que generará progreso y recursos para los benianos”, señaló.
El dirigente explicó que la posición es compartida por diputados nacionales, autoridades de Trinidad y San Ignacio de Moxos, representantes del sector ganadero y organizaciones cívicas que participan de las gestiones en favor de la obra.
ENTIDADES UNIDAS POR EL DESARROLLO
Las instituciones sostienen que el puente no puede analizarse como una infraestructura aislada. El planteamiento incluye también el asfaltado hasta Puerto Los Puentes y la continuidad de la carretera hacia San Ignacio de Moxos, con el propósito de mejorar la conexión terrestre dentro del departamento.
Desde el movimiento cívico se insiste en que las actuales dificultades para cruzar el río afectan diariamente el traslado de pasajeros, mercadería y producción regional. Esa situación, afirman, incrementa costos y limita el desarrollo de actividades económicas en distintas provincias benianas.
Aponte manifestó que la población espera una señal concreta de parte del Gobierno y remarcó que la región demanda hechos antes que nuevos anuncios.
INICIARÁN ACCIONES
La declaratoria de emergencia continuará vigente hasta la fecha fijada por las instituciones. Si para entonces no existe un compromiso formal sobre financiamiento y ejecución, la dirigencia anunció que evaluará medidas de presión para exigir atención a la demanda regional.
El presidente cívico recordó además que la Ley 1726 establece la búsqueda de financiamiento para el puente sobre el río Mamoré. En esa misma línea, indicó que la Cámara de Diputados aprobó una resolución dirigida al Órgano Ejecutivo para que cumpla con lo establecido en esa normativa.
También adelantó que se convocará a técnicos del área de Obras Públicas para que informen públicamente si el proyecto cuenta con presupuesto definido, qué fuentes de financiamiento están previstas y cuál es la situación real de una obra que el Beni reclama desde hace años.