El presidente Rodrigo Paz nombra a Jorge García Pinto como nuevo Ministro de Justicia, tras inhabilitación de Freddy Vidovic, reduciendo significativamente el poder
Un movimiento en el corazón del poder ejecutivo ha alterado el equilibrio político dentro del Gobierno: el presidente Rodrigo Paz designó este jueves a Jorge Franz García Pinto como nuevo Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, reemplazando a Freddy Vidovic. La decisión, oficializada mediante el decreto supremo 5491, surge luego de que se confirmara que Vidovic no puede ejercer funciones públicas debido a una sentencia ejecutoriada de tres años de privación de libertad.
La designación de García Pinto, hasta hace poco viceministro de Régimen Interior en el Ministerio de Gobierno, refleja un intento del Ejecutivo por garantizar que la conducción de un área estratégica como Justicia quede en manos de un profesional con experiencia y trayectoria probada. Abogado de formación, García Pinto trabajó en la gestión municipal de El Alto como Director General de Asesoría Jurídica en 2015, lo que le brinda conocimiento en la administración pública y la gestión normativa.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, detalló que la sentencia contra Vidovic data del 30 de mayo de 2015, bajo el número 192.2025, dictada por el juez de instrucción en lo penal cautelar del Tribunal Departamental de La Paz, Román Cordero Cohes. Vidovic fue condenado por delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho en grado de complicidad, entre otros, y la resolución se encuentra ejecutoriada, lo que imposibilita que continúe desempeñándose como funcionario público.
El cambio tiene un impacto político directo: el vicepresidente Edmand Lara pierde su única representación dentro del Ejecutivo. Vidovic, cercano a Lara, había sido su principal vínculo en la toma de decisiones ministeriales. Con su salida, la influencia de Lara se ve reducida considerablemente, mientras que el presidente Paz refuerza su control sobre un ministerio clave para la gestión del Estado y la supervisión de procesos judiciales.
Analistas señalan que el reemplazo no solo responde a una exigencia legal, sino que también refleja un reajuste estratégico del Gobierno para asegurar la estabilidad institucional y la transparencia en la administración de justicia. La llegada de García Pinto se interpreta como un mensaje de firmeza: la legalidad y la rendición de cuentas son prioridades, y ninguna autoridad está exenta de cumplir con la normativa vigente.
La transición también pone de relieve la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, garantizar que los funcionarios públicos cumplan con altos estándares de integridad y demostrar que la justicia no se negocia ni se politiza. Para García Pinto, el reto inmediato es consolidar la gestión del Ministerio, coordinar acciones con otras dependencias del Estado y responder a las expectativas de transparencia que exige la sociedad.