Organizaciones campesinas e indígenas se suman a las medidas de presión iniciadas por la COB, rechazando el Decreto Supremo 5503 por considerar que afecta derechos y sectores más vulnerables.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) anunciaron que se integrarán a las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503, promulgado por el presidente Rodrigo Paz Pereira el 17 de diciembre. Según los dirigentes, las medidas de protesta comenzarán el 5 de enero de 2026 y se sostendrán hasta que el decreto sea derogado.
Luciano Marca, dirigente de la CSUTCB, explicó que la participación campesina pretende defender los derechos de los sectores más desfavorecidos. “El campo y la ciudad estarán nuevamente en las calles. No permitiremos que un decreto perjudique a los hermanos más humildes”, señaló.
El Decreto Supremo 5503 no solo elimina la subvención de combustibles, sino que también incluye artículos que, según la Central Obrera Boliviana (COB), contravienen la Constitución y afectan intereses nacionales. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, detalló que el decreto reduce funciones de la Asamblea Legislativa, facilita la inversión extranjera en recursos estratégicos como el litio y autoriza altos niveles de endeudamiento.
Desde Conamaq, Víctor Apaza, Jiliri Apu Mallku, indicó que tras un análisis de los 121 artículos del decreto, las disposiciones resultan discriminatorias hacia las comunidades indígenas campesinas originarias. “El decreto nos obliga a salir a las calles y permanecer hasta que se logre su derogación”, afirmó luego de un consejo entre los diferentes ayllus.
A partir de esta semana, varias organizaciones sociales iniciaron acciones de presión, pese a la temporada de fiestas. El Magisterio Urbano y el Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin) iniciaron huelgas de hambre para exigir la eliminación del decreto. Además, los choferes asalariados anunciaron su respaldo a las movilizaciones de la COB y rechazaron el acuerdo que el Gobierno alcanzó con la Confederación de Choferes de Bolivia.
