La diplomacia boliviana reaccionó contra Colombia por hablar de la crisis nacional, pero evitó cuestionar mensajes de respaldo externo al presidente Rodrigo Paz y a los operativos militares desplegados en el país.

La respuesta de la Cancillería boliviana a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, abrió nuevas críticas sobre el manejo político de la diplomacia nacional. Mientras el Gobierno denunció una supuesta injerencia extranjera por los comentarios del mandatario vecino, mantuvo absoluto silencio frente a pronunciamientos internacionales que respaldaron de manera directa al presidente Rodrigo Paz y a las operaciones de control ejecutadas por fuerzas militares y policiales.
La controversia comenzó luego de que Petro afirmara en sus redes sociales que Bolivia atraviesa una “insurrección popular” y expresara su disposición de colaborar en la búsqueda de mecanismos pacíficos para superar el conflicto político. El mandatario colombiano también pidió evitar persecuciones políticas y defendió soluciones democráticas ante la tensión social que sacude al país.
La reacción boliviana no tardó. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que las palabras del presidente colombiano no reflejan el respeto histórico entre ambos Estados y advirtió que cualquier interpretación externa sobre la situación nacional puede profundizar la confrontación entre bolivianos.
El documento oficial insistió además en el principio de no injerencia y sostuvo que la crisis debe resolverse exclusivamente mediante diálogo interno y respeto a la institucionalidad. Sin embargo, el mismo criterio no fue aplicado frente a otros actores internacionales que expresaron apoyo explícito al Gobierno.
Uno de los casos más visibles fue el comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, que respaldó públicamente al presidente Paz y rechazó las acciones que buscan “desestabilizar” a su administración. La representación diplomática norteamericana también apoyó las medidas oficiales destinadas a restablecer el tránsito y garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible.
Pese a tratarse de un pronunciamiento directo sobre la situación política boliviana, la Cancillería no emitió ninguna observación ni expresó preocupación por una eventual intervención en asuntos internos. La diferencia de trato provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales, que observaron una respuesta selectiva según el origen de las declaraciones internacionales.
La crisis boliviana se agravó durante los últimos días con bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos en distintos puntos del país. El Gobierno desplegó más de 3.500 efectivos policiales y militares en el operativo denominado “Corredor Humanitario”, ejecutado principalmente en accesos a La Paz y El Alto.
Aunque las autoridades lograron abrir temporalmente algunas rutas estratégicas para el ingreso de combustible y medicamentos, los puntos de bloqueo volvieron a instalarse pocas horas después. Las movilizaciones continúan encabezadas por organizaciones sociales y sectores vinculados a la Central Obrera Boliviana, que exigen la salida del mandatario.
En medio del conflicto, el expresidente Evo Morales agradeció públicamente a Petro por respaldar una salida pacífica y por no sumarse, según afirmó, a “la narrativa falsa” impulsada desde el oficialismo.