La investigación sobre el combustible observado suma un nuevo capítulo con la aprehensión del exministro Mauricio Medinaceli, mientras la Fiscalía amplía las diligencias para identificar responsabilidades.

La investigación por el denominado caso de la «gasolina basura» registró este martes uno de sus hechos más relevantes con la aprehensión del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien quedó bajo custodia de la Policía después de presentarse ante la Fiscalía de La Paz. La medida forma parte de un proceso que busca esclarecer presuntas irregularidades en la importación y comercialización de combustible de baja calidad que habría ocasionado daños a miles de vehículos y un presunto perjuicio económico al Estado.
Fiscalía ejecuta la orden de aprehensión
La exautoridad acudió voluntariamente a dependencias del Ministerio Público para prestar su declaración. Una vez concluida esa actuación, los investigadores ejecutaron la orden de aprehensión emitida el 27 de julio por el fiscal de materia David Torrez Choque.
El documento señala que existen elementos suficientes para requerir su presencia dentro de la investigación abierta por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Tras la intervención fiscal, Medinaceli fue trasladado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las actuaciones previstas por el proceso.
Comisión legislativa identificó a exautoridades
La aprehensión se produjo poco después de que se difundiera el informe elaborado por la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el ingreso de gasolina desestabilizada al país.
Ese documento identifica a Mauricio Medinaceli como uno de los exfuncionarios que deben ser investigados y también menciona a expresidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), exdirectores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), otros exministros del área y al expresidente Luis Arce.
Entre los exministros incluidos figura igualmente Alejandro Gallardo, quien ocupó la cartera de Hidrocarburos durante la anterior administración.
El informe sostiene que el ingreso y posterior distribución del combustible cuestionado «no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas», criterio incorporado entre los antecedentes del caso.
Denuncias de miles de conductores
Las investigaciones surgieron después de que, a finales de enero de 2026, propietarios de vehículos en distintas ciudades denunciaran fallas mecánicas poco tiempo después de abastecerse con combustible presuntamente desestabilizado.
Los reportes incluyeron daños en motores, pérdida de rendimiento y reparaciones de alto costo que debieron ser asumidas por los propietarios de los motorizados.
A partir de esas denuncias, las autoridades iniciaron una revisión del proceso de adquisición, internación, almacenamiento y comercialización del carburante con el propósito de establecer cómo ingresó al mercado nacional y quiénes participaron en las decisiones relacionadas con su distribución.
Más órdenes dentro del proceso
Mauricio Medinaceli dejó el Ministerio de Hidrocarburos el 22 de abril, cuando el presidente Rodrigo Paz designó a Marcelo Blanco Quintanilla como nuevo titular de esa cartera de Estado.
La investigación no se limita al exministro. Dentro del mismo expediente también pesa una orden de aprehensión contra Daniela Durán, directora jurídica de YPFB Andina. Reportes conocidos este martes indican que efectivos policiales acudieron a las oficinas donde desempeña funciones, aunque no lograron ubicarla.
Con estas actuaciones, el Ministerio Público continúa ejecutando diligencias para establecer las responsabilidades de quienes aparecen mencionados en uno de los procesos de mayor impacto relacionados con la importación y comercialización de combustibles observados en Bolivia.