La aprehensión de un subteniente de la Policía Boliviana implicado en la muerte de dos personas en Cotapachi confirmó la gravedad de los hechos y aceleró el curso de la investigación en Cochabamba. La intervención policial, que inicialmente tenía como objetivo el cumplimiento de una orden judicial para habilitar el acceso al botadero de basura, derivó en un violento enfrentamiento que dejó dos víctimas fatales y varios heridos, marcando uno de los episodios más tensos del año en la región.
La Fiscalía Departamental de Cochabamba estableció que el uniformado fue individualizado como el presunto autor de los disparos que provocaron la muerte de dos comunarios, identificados como Pablo P. M. y Sinforiano C. C. Las muertes se produjeron en medio del caos, cuando grupos de personas intentaron impedir el ingreso de maquinaria y vehículos en el marco de un conflicto de límites entre los municipios de Quillacollo y Colcapirhua. A partir de los primeros indicios, la Fiscalía determinó que existían suficientes elementos para ordenar la aprehensión inmediata del efectivo.
El subteniente, además de estar bajo investigación por homicidio, resultó herido durante los disturbios. Fue sometido a una cirugía para extraer 18 esquirlas alojadas en distintas partes de su cuerpo, presuntamente provocadas por el impacto de una escopeta. Según los informes médicos, su estado de salud es estable. Sin embargo, permanece internado y bajo estricta custodia policial, sin posibilidad de abandonar el recinto hospitalario mientras avanzan los peritajes y las declaraciones formales.
En el lugar del enfrentamiento, los equipos forenses y la Policía Técnica lograron recolectar 16 vainas servidas, entre ellas munición compatible con armas de calibre 9 milímetros y restos asociados a disparos de escopeta. También se hallaron artefactos explosivos, petardos, dinamita y objetos contundentes, que dan cuenta de la magnitud de la violencia desatada durante el operativo. Todo este material fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses para los análisis balísticos que permitirán determinar la correspondencia entre el arma utilizada y las heridas que causaron las muertes.
De forma paralela, el Ministerio Público informó sobre la apertura de dos procesos penales. El primero está relacionado con delitos de tenencia y portación ilegal de armas, organización criminal, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. El segundo proceso se centra específicamente en el delito de homicidio por las dos muertes registradas. Como parte de estas actuaciones, se confirmó la captura de nueve personas que habrían participado activamente en los disturbios, algunas encontradas en flagrancia.
Desde la institución policial, el inspector general Gunther Agudo reconoció que el efectivo aprehendido habría hecho uso de su arma de fuego en una situación que él consideró de riesgo extremo. No obstante, recordó que los protocolos internos prohíben el uso de armas letales en operativos de control de multitudes, por lo que el caso será definido en estrados judiciales. Por su parte, el subcomandante general, Juan Peña Rojas, reiteró que el contingente policial fue atacado de forma planificada con explosivos y objetos contundentes.
