Las críticas aumentan mientras la investigación por el millonario cargamento de oro avanza con un único detenido y persisten interrogantes sobre posibles responsables aún no procesados.

La investigación por el decomiso de más de 100 kilos de oro en el aeropuerto internacional de Viru Viru continúa bajo presión luego de que diversas voces políticas y jurídicas cuestionaran que únicamente una persona permanezca detenida por un caso cuyo valor bordea los 25 millones de dólares. Los cuestionamientos apuntan a que la dimensión del operativo hace difícil sostener que el traslado del mineral hubiera sido ejecutado por un solo individuo, por lo que exigen ampliar las pesquisas para establecer toda la cadena de responsabilidades.
Cuestionamientos al desarrollo del proceso
La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, manifestó que el avance del caso genera desconfianza debido a que las investigaciones no alcanzaron, hasta ahora, a otras personas que fueron intervenidas durante el operativo. Según indicó, la ciudadanía espera respuestas claras sobre quiénes organizaron, financiaron y facilitaron el traslado del cargamento.
«Justicia y Policía pierden credibilidad. ¿Cómo es posible que solo se tenga a un solo detenido en posesión millonaria de oro y los otros estén libres?», afirmó la legisladora.
Claros también pidió explicaciones al Gobierno por la conducción del caso y sostuvo que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, debe asumir responsabilidad política. «El Gobierno debe dar una explicación inmediata y destituir al ministro Oviedo, por incapaz», declaró.
La parlamentaria observó además que la Asamblea Legislativa haya decidido convocar inicialmente al ministro de Gobierno para brindar un informe sobre el caso, antes que al Ministerio Público, institución que dirige la investigación penal.
Exigen llegar a todos los involucrados
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi, señaló que el hallazgo del cargamento representa apenas una parte de un problema mayor relacionado con el tráfico ilegal de minerales.
«Es solo la punta del iceberg», afirmó el dirigente, quien pidió que la investigación identifique a todos los responsables y establezca si existieron niveles de protección o encubrimiento para facilitar el traslado del oro.
Guarachi también cuestionó la actuación gubernamental y sostuvo que, si las investigaciones avanzan sin restricciones, podrían involucrar a autoridades de mayor jerarquía.
Legisladores observan inconsistencias
El diputado Rafael López sostuvo que la investigación presenta aspectos que todavía requieren ser esclarecidos. Indicó que resulta poco creíble que un cargamento de semejante magnitud pudiera movilizarse únicamente con la participación de un joven de 20 años, quien actualmente cumple detención preventiva.
«Solamente arrestaron a un niño de 20 años, pero él no va a ser Giman, no va a ser Hulk para transportar solito esos más de 100 kilos de oro; ha necesitado ayuda», manifestó.
El legislador anunció que impulsará peticiones de informe para conocer cómo se desarrolló el procedimiento y por qué otras personas inicialmente arrestadas recuperaron su libertad. También señaló que corresponde determinar quién elaboró la documentación utilizada para el transporte del mineral y quién autorizó su desplazamiento.
Observan responsabilidades institucionales
El abogado Jorge Durán afirmó que el caso debe investigarse sin limitar el alcance de las pesquisas. A su juicio, existen elementos suficientes para revisar la actuación de las instituciones encargadas de controlar el movimiento de minerales dentro del país.
«¿Cómo es posible que instituciones serias del Estado (…) permitan el contrabando?», expresó. También sostuvo que el oro incautado no debería ser restituido mientras continúen las investigaciones y remarcó que Bolivia pierde cada año importantes recursos económicos por la salida ilegal de este mineral.
Por su parte, el diputado Sergio Chávez afirmó que la investigación debe establecer quiénes facilitaron el traslado del cargamento desde Santa Cruz hasta Viru Viru y si existieron autorizaciones o participación de otras personas durante el recorrido. El legislador insistió en que un caso de estas dimensiones requiere identificar a toda la estructura que intervino en la operación y no limitar el proceso a un solo detenido.